Me parece interesante dar a conocer el comunicado público de la Asociación en Defensa del Hospital Severo Ochoa.
Es el siguiente:

La Asociación en Defensa del Severo, responde a Güemes y Aguirre
Ante la información hecha pública por la cadena SER sobre la existencia de un Convenio, firmado el 2 de enero de 2008 por el consejero Güemes y el obispo auxiliar de Madrid, Herráez Vegas, que atribuye a los capellanes católicos de los Centros Hospitalarios funciones que exceden la de ofrecer servicios religiosos y de culto a quienes los soliciten, la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA (ADHSO), manifiesta a la opinión pública lo siguiente:
La Ley General de Sanidad y la más reciente, de Autonomía del paciente, configuran al ciudadano como único dueño de sus decisiones, siendo su voluntad prevalente incluso sobre la opinión técnica de los profesionales sanitarios, con la única salvedad de incapacidad legal o riesgo social.
La Constitución Española en sus artículos 14 y 16.1 establecen como derecho fundamental de las personas la libertad ideológica y religiosa y prohíbe cualquier forma de discriminación por razones de opinión o cualquier otra circunstancia personal o social y, en su artículo 54 obliga a todos los poderes públicos a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
La cláusula 2ª del aludido convenio, que hace formar parte del Comité Ético y de los Equipos Interdisciplinares de Cuidados Paliativos al Servicio de Asistencia Religiosa Católica, conculca los derechos arriba indicados en cuanto que otorga a la opinión de los capellanes católicos un peso ilegítimo en la toma de decisiones que alcanzarán no sólo a los católicos y genera, además, una discriminación respecto a otras confesiones, incompatible con el estado aconfesional que consagra el artículo 16.3 de la Constitución.
Esta discriminación afecta también a los ciudadanos individuales al determinar el Convenio en su cláusula 16ª que esta ingerencia religiosa católica se ejerza sólo sobre los pacientes de los servicios sectorizados de carácter público y no de los pacientes “privados” en los centros que tengan esa titularidad.
Que la cláusula 8ª contraviene el derecho a la intimidad recogido en el artículo 18.1 de la carta magna, y los artículos 2.1 y 7.1 de la Ley 41/2002 (Ley de Autonomía del Paciente) al establecer que las direcciones y los restantes servicios de los centros hospitalarios “facilitarán… las oportunas informaciones sobre los pacientes” a los servicios de asistencia religiosa católica.
Que la cláusula 5ª, apartados 1 y 2, del convenio suscrito, altera el organigrama de los centros hospitalarios establecido en el R.D. 521/1987, de 15 de abril, al crear una estructura ajena al hospital, el servicio de asistencia religiosa católica, que tiene un funcionamiento autónomo, dependiendo el nombramiento y cese de su personal así como el contenido y forma de prestar asistencia, de la jerarquía eclesial y no de la Gerencia a la que queda sólo nominalmente adscrita (cláusula 6ª).
Por todo lo que antecede, la ADHSO, integrada por personas que han sufrido el ataque injustificable de los sectores más fundamentalistas del PP de Madrid, consideramos que el acuerdo firmado por el consejero Güemes es un paso más en el retroceso de los valores y derechos democráticos de los madrileños, que nos retrotrae a épocas de palio y pensamiento único que parecen añorar los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y que desmienten el presunto carácter “liberal” del que hacen gala recientemente.
Este nuevo atropello a la libertad individual pretende una vez más, acallar el debate social sobre el derecho ciudadano a decidir sobre la propia muerte, imponiéndonos unas creencias y valores morales determinados que el conjunto de la sociedad no comparte.
Reclamamos del Gobierno de la Nación las acciones encaminadas a evitar este nuevo atentado a los derechos fundamentales y pedimos a las organizaciones sociales, sindicales y políticas e incluso a los sectores católicos que abominan de planteamientos como los expresados por el obispo emérito de Pamplona en relación con la muerte y el sufrimiento, que se posicionen públicamente en contra del convenio suscrito por la Comunidad y el obispado de Madrid.
En Leganés a 26 de abril de 2008.
Junta Directiva de la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa

Con todos mis respetos, pero me importa un carajo que haya curas, ayatolas, budistas o cualquier otro personaje de cualquier religion. Como ciudadano lo unico que me importa cuando necesito ir a un hospital es que tenga una atencion adecuada y que los unos no me manden al otro barrio por sobredosis de morfina y que los otros tampoco me manden al otro barrio porque no me hagan las pruebas que necesite o que tarden en darme una solución. Dejaros ya de politiqueos estupidos que a nadie interesan y poneros a trabajar para que la sanidad sea lo que tiene que ser: rapida y efectiva.

A mi me pasa lo mismo. Tampoco me importa, pues si quiero un cura ya lo llamaré yo personalmente.
Lo que me importa es que ningún familiar mio sea sedado y matado como se hizo en este hospital.

Que pesado, los ciudadanos queremos soluciones y no politiqueo, dejaz a los ciudadanos que elijan su libertad religiosa.

Perdón: dejad

Jo Polichinela, qué cansinos sois y qué mayores os habéis vuelto.

Busca otro foro donde gusten de debatir estos rollos, aquí, como ves, aburren.

Pues lamento que a algunos-as les parezca un tema político y aburrido.
Yo creo que es un tema puramente ciudadano. Hablamos de la vida, del dolor y de la muerte en un estado laico. Aconfesional dice nuestra Constitución.
Si yo soy judío, musulmán, budista, evangelista o ateo, no quiero un sacerdote católico en una Comisión Etica que debe ser tan sólo profesional.
Que respeten la moral y las creencias de cada uno, no es un problema político sino ciudadano.
Y me sospecho que a los que les parece aburrido y partidista es por su retrógrada moral y su PPartidismo político

Como molas.

Como has podido ver a la gente le importa un pimiento si eres judio, musulmán o hermafrodita.
Como si te vistes de lagarterana Majete

Deja ya de jo... con la pelota anda que el unico politiqueo es el tuyo.

Vamos a poner las cosas en su sitio. La sanidad es una competencia transferida a la comunidad de Madrid. Por tanto siento mucho las quejas de los que no les gustan cómo funcionan los hospitales, pero ajo y agua.

A mi tampoco me gusta la educación para la ciudadanía, el canon digital, etc etc etc, y me aguanto.

Polichinela, eres el típico demagogo capaz de criticar cualquier cosa solo por interés político. Tu crees que a la gente normal le interesa lo que comentas. Estoy totalmente de acuerdo con melvira.
Por cierto, no seas tan demagógicamente correcto, ya que no hace falta poner "algunos-as" para referirte a ambos sexos, con poner "algunos" ya haces referencia tanto a ellos como a ellas, si es que se te ve a la legua de que pie cojeas.

Efectivamente sorverin. Así es. Nuestra lengua tiene el carácter genérico del masculino, y es redundante por tanto poner eso de algunos-as. Lo hacen muchos políticos de un lado y de otro, para parecer más correctos. Pero es un error.

Es que algunos por cuestionar, cuestionan hasta el idioma, con tal de intentar parecer más modernos.

Algún día veremos cómo intentarán cambiar el nombre a las cosas, y a una escoba le llamarán escobo, y a una plancha, plancho.

Un poco de humor para relajar el ambiente ...

Polichi , que coñazo eres.

Cuando yo era pequeñito, el plastonazo me lo daban los curas del cole y ahora los pijoprogres.

Me voy a ir de este mundo siendo palizeado por unos y por otros, qué aburrimiento...

Tienes razón, a2a2. Qué petardos son estos pijoprogres.
Zp nos quitará 450 euros en la Renta, pero lo primero que haré es poner la X en la Iglesia Católica, y sólo en la Iglesia Católica. Ea.

Tan sólo cojo esta cita a modo de ejemplo.
El desinterés insolidario, la falta de capacidad de libre pensamiento, el desprecio a la libre expresión, el rechazo de otras formas de pensamiento, el dogmatismo frente a los intelectuales, la negación de las aportaciones de los profesionales, son propias y típicas del fascismo, contra el que estoy completamente en contra.
Por eso y el que se aburra que no lo lea, copio aquí otra reflexión al respecto de un profesor de bioética.

La enfermedad del dogmatismo
El texto del Convenio firmado entre la Comunidad Autónoma y el Arzobispado de Madrid en que se establece que los miembros del Servicio de Asistencia Religiosa Católica formarán parte de los Comités Asistenciales de Ética (CAE) y de los Equipos Multidisciplinares de Cuidados Paliativos (EMCP) está mal redactado y es equívoco. Parece imponer dicha presencia de una manera inadecuada, sobre todo en el caso de los EMCP, que son servicios puramente clínicos. No es aceptable imponer en ellos sacerdotes cuando muchos no tienen ni siquiera psicólogos clínicos, una figura más acorde con las obligaciones asistenciales de un Estado laico.
Los comités de bioética son un auténtico laboratorio de ética cívica, laica y republicana
Pero lo más llamativo de esta polémica ha sido no tanto el contenido como el tono de los debates y declaraciones, que a veces han rayado en lo grosero. Sobre todo en lo relativo a la posible presencia de sacerdotes en los CAE, paradójicamente algo menos conflictivo que su integración en los EMCP. A mi modo de ver, esta polémica encendida muestra lo mucho que nos queda todavía por avanzar en la senda del pluralismo moral.
El pluralismo moral es uno de los pilares de las sociedades liberales, democráticas y modernas. Consiste en aceptar la libre concurrencia de todas las opiniones morales personales y colectivas en el espacio público, con el objeto de deliberar y consensuar los mínimos éticos y jurídicos que deben configurar dicho espacio como un marco de convivencia en paz y libertad.
Dos requisitos formales debe cumplir cualquier posición moral particular para entrar en dicho debate. Uno es no ejercer ninguna forma de violencia para imponer su punto de vista, sino argumentar desde el respeto a los demás. Otro, reconocer a todos los demás como interlocutores válidos en condiciones de simetría moral. Negar al otro la posibilidad de expresar su punto de vista moral cuando cumple las condiciones anteriores, aunque esté fundamentado religiosamente, es un acto de intolerancia. Negárselo, precisamente por estar fundado religiosamente, es un acto de dogmatismo moral. Es el mismo fundamentalismo que ha practicado durante siglos la Iglesia católica oficial al negar a los no creyentes la posibilidad de ser interlocutores y actores de la vida moral, pero ahora de signo contrario.
Los Comités Asistenciales de Ética (CAE) nacieron en los hospitales norteamericanos en los años setenta. Constituyeron un intento de buscar salida a la dificultad para afrontar los problemas morales del acelerado desarrollo de la tecnología médica en marcos de un pluralismo moral extremo: cirujano agnóstico republicano, médico judío demócrata, enfermera protestante, trabajadora social musulmana, paciente afroamericano, etc., etc. El objetivo era tratar de generar espacios deliberativos donde pudieran encontrarse diferentes puntos de vista morales. Por eso, desde entonces, han sido y son espacios multidisciplinares, donde debe haber profesionales sanitarios de todo tipo, juristas, trabajadores sociales y, muy importante, ciudadanos de a pie. En casi todos los países del mundo se acepta además que en dichos Comités haya sacerdotes o pastores de las confesiones religiosas prevalentes en la comunidad atendida por el hospital. La Guía de creación de Comités de Ética de la Unesco así lo reconoce. Muchos CAE de España, de comunidades autónomas de signo político bien diferente, cuentan con sacerdotes entre sus miembros.
Y es que un CAE no es excluyente respecto a los puntos de vista morales diferentes, sino incluyente. Los únicos requisitos que debe cumplir un miembro de un Comité son los que se han señalado más arriba. El criterio para excluir a alguien de un CAE, por tanto, no es si es creyente o no, porque esto forma parte de la libertad de las personas, sino si es intolerante o no. Es la intolerancia la que incapacita para estar en un Comité, no la creencia. Si un capellán de hospital piensa que su punto de vista moral es el verdadero, el único que debe aceptarse y seguirse, entonces no puede pertenecer a un CAE, por mucho que lo diga el Convenio de la Comunidad de Madrid. Pero lo mismo sucede si es un médico, un jurista o... el especialista de bioética.
De todas formas, los CAE nunca emiten dictámenes vinculantes para los profesionales, sino sólo recomendaciones éticas basadas en argumentos. Es la propia calidad de esos argumentos la que en todo caso les da peso y autoridad moral ante los clínicos. Pero nada más. Son los profesionales los que toman las decisiones clínicas junto con los pacientes, o con sus familiares si el paciente es incapaz. Para ello deben barajar juntos muchas razones: científicas, sociales, psicológicas, y también morales. El informe de un Comité sólo pretende ayudar a los profesionales y pacientes a determinar cuáles pueden ser las mejores de estas últimas.
Por eso, los Comités son un auténtico laboratorio de ética cívica, laica y republicana, una herramienta al servicio del pluralismo. Tenemos que cuidarlos y no quemarlos con disputas de dogmatismo partidista que lo único que revelan es una profunda ignorancia intelectual y moral. Paradojas de la vida, el primer CAE lo creó en España, en Cataluña, un sacerdote jesuita, el P. Francesc Abel. Todo un maestro del pluralismo, toda una vida en contra del dogmatismo viniera de donde viniese.
Pablo Simón Lorda es profesor de Bioética en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada.

Que este no es un Estado laico, coño. Que en la Constitución la palabra "laico" no aparece ni una sola vez.
En cambio, la Constitución sí que habla de relaciones de cooperación con la Iglesia Católica.
Este texto que mandas, tiene errores de bulto.

Esto es lo que dice el Artículo 16 del Título preliminar:

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.