Sesenta sentencias a favor y treinta en contra. La justicia española está dividida respecto a la estafa que han sufrido miles de cooperativistas de toda España. Familias, parejas, solteros que confiaron en gestores, aseguradoras y entidades financieras para hacer realidad el sueño de tener una vivienda en propiedad. Un sueño que saltó por los aires y se transformó en pesadilla cuando los proyectos de sus viviendas quedaron en el aire por culpa de la crisis y la mala praxis de algunos gestores y no pudieron recuperar su dinero.
Muchas de ellas se embarcaron en ese sueño hace una década. Depositaron sus ahorros. 40.000, 50.000, 60.000 euros. Unos ahorros que no podrán recuperar, en el mejor de los casos, hasta dentro de cinco, seis o siete años.
Todos ellos firmaron unos seguros para avalar las aportaciones que iban realizando mes a mes de tal manera que, si finalmente no recibían las llaves de sus viviendas, su dinero estaría a salvo y podrían recuperarlo. Pero no fue así. Cuando muchas de estas cooperativas se disolvieron y se declararon en concurso de acreedores, las aseguradoras se negaron a devolver las cantidades aportadas. Para esas familias -muchas tiraron la toalla- comenzaba la batalla judicial.
Procedimientos penales y civiles, ordinarios, extraordinarios… con resultados dispares. La balanza, por ahora, se inclina a favor de los afectados con más de 60 sentencias y autos a su favor. En algunos casos, las aseguradoras están pagando o llegando a acuerdos con las familias. En otros, han recurrido la sentencia por lo que el procedimiento judicial se alargará hasta cinco años más.
"Conseguir una sentencia en primera instancia puede llevarnos entre un año y medio y dos años", explica Jaime Suárez, de Majavilan Abogados, despacho que defiende en toda España a más de 3.000 cooperativistas. "Si nos vamos a segunda instancia pueden pasar entre uno y dos para tener una segunda sentencia y si finalmente vamos al Tribunal Supremo, entre dos o cuatro más. En total estaríamos de entre cinco y ocho años", añade.
Pero, ¿por qué los jueces no se ponen de acuerdo?
Jaime Suárez explica que HCC Europe y Asefa, aseguradoras contra las que se dirigen todas las acciones judiciales, "redactaron unas pólizas de tal manera que parecía que eran las que exigía la Ley 57/68”, que regula de las percepciones de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas.
Una "redacción oscura" que ha dado lugar a diferentes interpretaciones por parte de la justicia. En unos casos a favor de los cooperativistas y en otro, a favor de las aseguradoras.
"Éstas argumentan que las pólizas suscritas no son las que contempla la Ley 57/68 sino seguros que solamente garantizan la devolución del dinero en el caso de que las cantidades anticipadas por los cooperativistas no se destinasen en exclusiva a sufragar la construcción de sus viviendas”, explica este abogado.
"Se escudan en que las cantidades aportadas se destinaron a la compra de suelo, al pago de intermediarios y comisiones y que, por tanto, el seguro no cubre que finalmente los afectados no tengan su vivienda".
Una de las últimas sentencias publicadas no lo entiende así. El Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid condenó en noviembre a HCC Europe a devolver el dinero a los socios de una de las cooperativas del sureste de Madrid, El Balcón de O'Donnell, al considerar que la póliza contratada sí daba la cobertura prevista en la ley 57/1968, es decir, que sí estaba garantizada la devolución del dinero en caso de que las viviendas no se llegasen a entregar.
La aseguradora deberá pagar más de 6 millones de euros más un 20% de interés a los 150 socios que integraban la cooperativa, que cobrarán entre 35.900 y 60.600 euros cada uno.
El magistrado reconoce en la sentencia esa "redacción oscura" que defiende la acusación y reconoce que la jurisprudencia sostiene que cuando existe oscuridad o falta de claridad en un contrato “la interpretación de las cláusulas oscuras (...) no deberá favorecer a la parte que hubiera ocasionado la oscuridad”.
Estos 150 socios forman parte de los más de 12.000 cooperativistas afectados y sin vivienda en toda la Comunidad de Madrid. La mayoría han sido víctimas de la estafa perpetrada por las gestoras de cooperativas Ofigevi y Gespozuelo al frente de las cuales se encontraban Miguel Torralbo y sus hijos Rafael y Amanda, todos ellos imputados por delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad contable.
La mitad de ellos, unos 6.000 que compraron terrenos en El Cañaveral y en Ahijones, siguen luchando para que sus viviendas salgan adelante a costa de fuertes derramas. La otra mitad, quienes compraron suelo en Los Berrocales, hace tiempo que tiraron la toalla. Sólo un tercio, unos 2.000, ha recurrido a justicia.