Los Grupos de Blanqueo de Capitales y Delincuencia Económica de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial investigan de forma activa sobre la presunta comisión de delitos de estafa en relación con la gestión fraudulenta de cooperativas inmobiliarias.
Cuando sus investigaciones dan sus frutos y encuentran los suficientes indicios, practican la detención de aquellos responsables de la gestión fraudulenta, como son: el presidente de la cooperativa; los gestores; el tesorero de la cooperativa, y los intermediadores y administradores de diversas sociedades relacionadas.
El fraude consiste en la gestión fraudulenta de los fondos de los propios cooperativistas inmobiliarias, contratando gestorías que gestionan estos fondos, destiandos a las sociedades y personas gestoras por servicios sin valor real, pagos opacos a personas que son difíciles de identificar, etc.
Estas gestorías, en connivencia con el presidente de la cooperativa y otras personas, administradores de otras sociedades, no sólo no llevan a cabo gestión alguna de provecho para los fines de la cooperativa, sino que, tras sucesivas contrataciones y pagos de toda índole, todos ellos de carácter fraudulento, dejan la cooperativa completamente descapitalizada.
Los gestores hacen pagar a la cooperativa elevadísimos importes en comisiones de intermediación a sociedades controladas por ellos mismos, por la compra de las parcelas donde se iban a construir las viviendas.
También se suelen realizar diversos contratos sucesivos de obra con distintas empresas sobre el mismo trabajo a desarrollar, cobrando elevadas comisiones por ello. Otras veces, se realizan pagos a las sociedades gestoras por desorbitados importes sin que realmente desarrollen gestión de provecho alguno.
No solo se despilfarran los fondos de los cooperativistas, sino que también la obra está desprovista del seguro obligatorio y necesario que la Ley del ’68 exige como obligado cumplimiento, para garantizar los depósitos a cuenta de compraventa de viviendas.
Para maquillar la falta del seguro obligatorio, las gestoras contratadas por las cooperativas ofrecen otro seguro que no cumple los requisitos mínimos de la ley. Y los desinformados cooperativistas firman este seguro pensando que es lo que la ley exige.
Ahora, ante una contracción del mercado inmobiliario, las promociones se retrasan, las cooperativas no encuentran nuevos socios para sustituir a las bajas, los cooperativistas no quieren seguir aportando dinero, las cooperativas no pueden o no quieren devolver las cantidades entregadas y entran en suspensión de pagos.
A ello hay que añadir que el seguro contratado indebidamente no se hace cargo de las pérdidas, por lo que los cooperativistas pierden el dinero y ven cómo desaparece su dinero entre un montón de beneficiarios a cambio de no obtener vivienda alguna.
Su única opción para adquirir la vivienda prometida muchas veces es seguir poniendo dinero y hacer frente a las devoluciones, o a las denuncias para la devolución, de las aportaciones de los cooperativistas que se quieren dar de baja.
La situación puede llegar a ser dramática y la mayoría de las veces la única solución posible o razonable es poner el caso en manos de profesionales y de los tribunales de justicia
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