La Viceconsejería de Educación aprobó el 4 de julio pasado una circular
que contenía instrucciones, sobre comienzo de curso escolar 2011/2012,
dirigidas a los centros públicos docentes no universitarios de la
Comunidad de Madrid. A través de esa instrucción, según recientes
declaraciones de la propia Consejería, se pretende conseguir un ahorro de
unos 80 millones de euros anuales en inversión en educación.
Básicamente mediante la disminución de la contratación de personal
interino en la educación secundaria, por un teórico incremento de las
horas lectivas efectivas del profesorado que pasarían de 18 a 20.
En España existe una situación de grave crisis económica, que está
reduciendo los ingresos de las administraciones públicas. Lo que obliga a
tener que ajustar los gastos para evitar seguir acumulando deuda, ya que
hay problemas graves para su financiación. Esa necesidad exige
determinar de dónde se recorta y en qué cuantía. En suma exige
determinar las prioridades políticas del Gobierno. En este caso el Gobierno
madrileño ha optado por recortar en primer lugar la inversión en
educación, sin acometer previamente recortes sustanciales de gasto en los
múltiples derroches de sus políticas y burocracia: suprimiendo
decididamente políticas y órganos inútiles y mejorando la eficiencia en la
realización de esas políticas. Recortes con los que podrían ahorrarse más
de los ochenta millones de euros que pretenden con el de la educación
pública. Pero que seguramente pondrían en evidencia la mala gestión de
la Comunidad de Madrid en los pasados años. En lugar de atacar el
despilfarro, ha optado por lo fácil: recortar en gastos de personal
reduciendo su número, como hizo el año pasado el Gobierno del Estado
bajando los salarios de los empleados públicos, en un sector esencial para
el futuro de los ciudadanos de esta comunidad: la educación.
Esta medida adoptada sin otras que le acompañen, y con escasa
transparencia, indica que la prioridad del Gobierno es el ajuste
presupuestario a través del recorte de la inversión en educación y no la
mejora de los insuficientes resultados educativos de la Comunidad de
Madrid. Que se ponen de manifiesto en las propias pruebas de evaluación
de la Consejería, por ejemplo en la prueba de conocimientos y destrezas
indispensables (CDI) hecha este año a los alumnos de 3º de la ESO. Es
prioritario plantear medidas para reducir significativamente los
insuficientes resultados educativos de nuestra comunidad, en interés de
los estudiantes y sus familias. La educación, en la sociedad del
conocimiento, es el bien que marca el futuro personal de los ciudadanos. Y
no hay una sociedad libre, si no se garantiza igualdad de oportunidades en
el acceso a una educación excelente para todos. Por tanto, una política
adecuada hubiera debido plantear medidas dirigidas a mejorar la
educación mediante la perfección de los incentivos que faciliten que los
profesores y alumnos mejoren sus actuales resultados; y hubiera buscado
el ahorro mediante una mejora de la eficiencia en la gestión educativa, y la
disminución de las tareas burocráticas o no propiamente docentes, que
debe extenderse por igual a la educación pública y a la concertada, pues
ambas se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos.
Por otra parte, este recorte ha puesto de manifiesto ante la sociedad la
inestabilidad del profesorado en la enseñanza pública. En la cual hay miles
de interinos y profesores funcionaros en expectativa de destino que
cambian cada año de plaza, lo que impide su estabilidad en el mismo
centro. La encuesta (Pérez Díaz y Rodríguez en 2009) realizada a
profesores tutores de educación secundaria obligatoria (ESO) de esta
Comunidad y el estudio TALIS de la OCDE aportan datos significativos, que
han permitido concluir a Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez, en su
estudio sobre las reformas necesarias para potenciar el crecimiento de la
economía española, que el 48% de los tutores de ESO han trabajado en
más de cinco centros educativos y que casi una quinta parte de los tutores
ESO de la Comunidad de Madrid en 2008 eran interinos. Niveles que se
han ido manteniendo hasta este año.
Estos datos constatan la mala gestión de personal realizada por la
Comunidad de Madrid. Que año a año ha mantenido cifras elevadísimas
de personal interino y en expectativa, con la consecuencia de dificultar
enormemente la existencia de proyectos estables de centros educativos,
con un plan coherente de carrera profesional para los profesores, por la
elevada rotación de plantillas.
Esta rotación e inestabilidad laboral es negativa para la mejora de la
educación en la enseñanza pública. Pues bien en lugar de plantear
medidas para mejorar estos problemas de los centros que dependen
directamente de su gestión, el Gobierno madrileño ha optado por meter
el bisturí. Y, sin dar explicaciones ni a los directores de los centros, ni a los
profesores y familias, ni a la Asamblea, aprobó la instrucción que tendrá
como consecuencia el despido material de cientos de interinos que
durante años habían sido parte significativa del profesorado. La
arbitrariedad y falta de justificación de esta medida, más allá del ahorro
presupuestario, señala que ha habido una mala gestión de personal y
mucha arbitrariedad. Y que no se ha tenido en cuenta el interés del
alumnado.
Encima se ha optado, para justificar la medida, por desprestigiar al
profesorado trasladando a la opinión pública que no quieren trabajar más
horas o que trabajan sólo las horas lectivas y, en consecuencia, menos que
un trabajador normal. Como si a un mimbro, por ejemplo de la Asamblea
de Madrid, se le computase sólo para su horario laboral el tiempo que
pasa en pleno o en comisión. Un grave dislate que tendrá consecuencias
en la calidad de la educación y en el respeto que merece la importante
función que ejercen los profesores y que va claramente contra el interés
del alumno.