Es un problema complejo y de difícil solución.
En España hay una fuerte tradición de economía sumergida en, entre otros, el sector de albañilería y construcción, así como el mercado de vivienda, sea protegida o libre. Este hecho es difícil de atajar en sus consecuencias, y atajarlo en origen podría tener consecuencias desastrosas (ingresos de albañiles y muchas profesiones autónomas).
Uno de los puntos de riesgo es que son constructoras privadas las que construyen vivienda pública, lo que supone un conflicto de intereses. La vivienda pública debería de ser gestionada íntegramente por organismos públicos (se delega en empresas privadas, fijando un precio final que tendrán que conciliar con sus beneficios y fluctuaciones de mano de obra y material, lo cual es intrínsecamente contradictorio). En la Administración también encontramos el obstáculo de su propia idiosincrasia, inercia de muchos años.
En Madrid, el organismo competente, IVIMA, está tan saturado y poco formado, que dudo de que pudiera ejercer un control objetivo sobre su parque, aun con la colaboración de la AEAT.
Antes de ejercer un control sobre el producto resultado, su usufructo y su ciclo de vida, habrían de ejercerlo sobre la calidad en origen y todos los agentes intervinientes previos a la adjudicación. No se puede exigir al sufrido ciudadano y contribuyente sin empezar por donde procede hacerlo: por las causas.
La normativa es insuficiente y siempre va por detrás de las necesidades. Si añadimos control de calidad y habitabilidad, seguimos desgranando una incómoda madeja.