Es un problema complejo, no es tan sencillo como parece verse aquí. Se podrían escribir libros enormes con sólo este tema.
En primer lugar, debemos distinguir -y aislarnos de- lo inmoral de lo ilegal. No podemos entrar en subjetivismos, pues en el momento que nos desviamos de la madre Ciencia o del Conocimiento y la Ley, las interpretaciones son innumerables y no conducen a consenso, sino que degeneran en la más absoluta de las anarquías y desacuerdo.
No podemos discutir previamente si es moral o no: pedir dinero negro, pagar dinero negro según las circunstancias, que los albañiles cobren parte del sueldo en negro, que los autónomos declaren tanto más o menos IVA, que a un padre de familia mileurista el precio del pan y el IVA les sean los mismos que a un matrimonio de arquitectos bien situados, que se tarde más de 18 meses en levantar una vivienda, que cobre el café a 1,20 si el bar de al lado lo cobra a 1, que pique o no en el tranvía, escupir en la calle, quemar un camión con una persona dentro, poner todo el patrimonio personal a nombre de un tercero, encender la calefacción en mayo, omitir datos al fisco, poseer una segunda vivienda, no ceder el asiento a ancianos, poner en alquiler un cuchitril por 700 euros al mes, trabajar y cobrar el paro a la vez, etc.
Sobre eso, cada individuo y colectivo tenga su opinión y sus baremos morales. Pero, viviendo en democracia, con las leyes que nos son dadas precisamente para intentar igualarnos lo más posible, con las lógicas reservas, hemos de centrarnos exclusivamente en lo que es legal o ilegal, lo que está escrito y hay que cumplir aun desconociéndolo. Necesitamos un único punto de referencia: la Ley, la Constitución, con las mínimas interpretaciones posibles. Revisemos los hechos con la ley en la mano, y no habrá lugar para la duda.
Partiendo de esa premisa, cada plan de vivienda de la CAM tiene unas normas de obligado cumplimiento para poder acceder a una vivienda. Si alguien las cumple, entonces puede ser adjudicatario de una VPO ; si no las cumple, no, y punto.
Si la Ley dice (supongamos) que no se puede ser titular de otra vivienda VPO en territorio nacional ni libre en autonómico en el momento de solicitarla, dice eso, y no más. No importa que ayer se fuera o no se fuera titular. Si no se está de acuerdo con esa norma, se vota para que se cambie. Pero no se puede cuestionar a nadie que la cumpla su acceso a VPO. Da lo mismo si luego se compra un Porsche, si tiene un patrimonio desorbitado, etc., mientras que eso no interfiera con la norma y cumpla los requisitos que sea menester.
Si tuviéramos en cuenta otros parámetros, quizás todo fuera más justo, pero hoy por hoy no es así, la ley es en cada momento la que es.
Se podría mirar el historial de viviendas a la hora de comprar VPO, el historial de ingresos a la hora de conceder becas o subvenciones, no sólo el ejercicio en curso, conciliar la edad a la que se es joven o adulto (carné euro< 26 pues eso, 26 años, para el Abono Transportes no sé si eran 21 años, para votar son 18 años cuando se considera uno "adulto") para unificar precios y derechos, que los empleados públicos tuvieran la misma jornada y vacaciones que los que trabajan por cuenta ajena, que las multas y sanciones fueran proporcionales al patrimonio o ingresos... Libros y más libros podrían escribirse respecto a la forma de hacer más justo el acceso a la vivienda y todos estos otros temas. Nada trivial, desde luego.