https://blogs.elconfidencial.com/espana/mirada-ciudadana/2017-09-19/una-de-listos-y-tontos-hipotecados_1445886/
Las usurpaciones de vivienda se están convirtiendo en una violenta metástasis estadística y delictiva que no deja de crecer al calor de la impunidad.
“Advertencia legal sobre la vulneración de la inviolabilidad del domicilio por parte de particulares o cuerpos policiales. Este es —al menos provisionalmente— nuestro domicilio y no tenemos intención de marchar de aquí. Invitamos a cualquier persona física o jurídica que cuestione nuestro derecho a permanecer en esta casa, a recurrir a la vía judicial, la entrada a este nuestro domicilio sería denunciada porque incurriría en un presunto delito de allanamiento de morada".
Este texto forma parte de un cartel real que cuelga de una casa recién ocupada. Ni los buenos días, ni una protocolaria presentación a sus nuevos vecinos, ese puñado de pardillos que pagaban por vivir en una casa como la de ellos, en un barrio como el de ellos y, hoy por hoy, con la misma tranquilidad que ellos. No quedaba allí la misiva, incluía todo un recorrido jurisprudencial destinado a dar cierto lustre, a la par que amparo legal, a aquello que toda la vida se ha conocido como vivir de la patilla.
Aquella casa era de alguien, podía ser perfectamente la de un señor al que conocí hace poco. Setenta y tantos, cansado, reventado. No puede entrar en su casa. Lleva solo días, pero en el mejor de los casos le quedan meses, cuando no años. Ha tenido que asistir al quehacer de los nuevos moradores, acompañado de la policía. Ha visto como estos sacaban uno a uno sus muebles de otra época, de la época en la que empezó a vivir en aquella casa, hace décadas. Sus retratos enmarcados, sus objetos personales, que ahora caían de las ventanas. Su cuidada biblioteca, que era de su madre, sus camisas, sus pantalones, su vida entera.
Y no, no se les puede sacar de allí. No se les puede sacar porque tienen toda la razón. Porque es verdad, porque resulta que nos hemos dedicado durante años a fabricar leyes para amparar y blindar a usurpadores y oportunistas, para crear un marco legal y garantista al 'vivir de gorra' y dejar vendido a este señor y a muchos otros, desahuciados de sus propios hogares. ¿Qué pasa con estos desahucios?, ¿estos no cuentan?
Solo en la ciudad de Madrid, según datos de la primavera pasada, eran 2.443 las viviendas okupadas. Las usurpaciones de viviendas se están convirtiendo en una preocupante realidad estadística que no deja de crecer. No tenemos anticuerpos, la okupación nos come. Ocupación que en Madrid se ceba en distritos como Vallecas, Carabanchel, Usera o Villaverde, ocupantes que se valen del miedo y la intimidación para degradar la vida en los barrios. Calles que pasan a estar en manos de capos y matones. Narcopisos en el barrio de Lavapiés, burdeles o nidos de terroristas, el fenómeno se viraliza, se ramifica.
Una historia que se repite, la historia de mafias que cobran por dar la patada a la puerta de una casa, la casa de alguien, y tontos hipotecados.
Y no, no se puede caer en la trampa de blanquear el asunto, ni de comprarles la coartada a justicieros de medio pelo que nos tratan de colar teorías baratas de supuestos derechos confrontados. No existe tal disyuntiva entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, porque, aun siendo consciente de la dificultad en el acceso a la vivienda (tanto, que los más tontos nos dejamos media vida en pagar una de ellas), ningún Gobierno puede arrogarse el derecho a privatizar el problema y cargarlo a lomos de quien no le queda otra que llenarse de rabia e impotencia.
Por eso no podemos esperar un minuto más para abandonar nuestra condición de país paraíso de okupas y afrontar por fin un debate que ha tardado demasiado tiempo en llegar. Estado de derecho sí, pero no solo para unos pocos.
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