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Viviendas de Protección Oficial, entre el fraude y el castigo a las economías más débiles:

inSurGente.- Las consecuencias en Andalucía de la aprobación de una ley, según la cual, no podrán venderse viviendas de protección oficial, salvo que estas fueran construidas antes de 1978, esta despertando todo tipo de reacciones. En principio, pareciera una buena medida para acabar con cierta especulación y beneficio fácil de personas que adquirieron una vivienda con ayuda del Estado y que luego, subidos al carro del boom inmobiliario pretenden lucrar con la plusvalía, pero, por otra parte, es sospechoso que esta aparente lucha contra el fraude comience con las familias de rentas más limitadas, ya que los grandes especuladores inmobiliarios continúan a sus anchas. Como casi siempre, se empezó por el lado contrario, y quien no tenga recursos para comprar algo que no sea una VPO, tenga que acudir al mercado real.

Desde que la nueva Ley de Medidas para la Vivienda Protegida entrara en vigor el pasado mes de noviembre, la incertidumbre e incluso el pánico se ha adueñado del mercado inmobiliario del sector de VPO, generando un aluvión de críticas y preguntas sin respuesta que ha acabado paralizando por completo las ventas a la espera de que se despejen las incógnitas. En estos días cientos de familias afectadas por la nueva Ley de Vivienda Protegida y Suelo de Andalucía meditan sobre cómo afrontar situaciones económicas que rayan en la ruina.

SITUACIONES PREVIAS A LA NUEVA LEY

Empecemos por el principio. Hasta hace dos meses, la práctica fraudulenta aunque ya habitual para vender un piso de protección oficial al precio de mercado era escriturar la cantidad máxima permitida por la Junta de Andalucía y pedir un extra en dinero negro que nadie declaraba y que, a efectos legales, no existía.

LAS REGLAS DEL JUEGO EN EL MARCO DE LA LEY 13/2005

La nueva ley promulgada por la Junta pretende acabar con este fraude de ley y con la especulación, para lo que establece que las VPO (calificadas después de 1978), viviendas que se adquieren por un precio supuestamente más barato y con una serie de condiciones, no se podrán vender tan a la ligera. En primer lugar, se introduce el derecho de tanteo y retracto, que obliga al propietario de una VPO a comunicar a la Administración su deseo de vender la misma y permite a la Junta quedarse con la vivienda a cambio del precio máximo establecido por ley para este tipo de vivienda, comunicación que debe producirse en un plazo máximo de 60 días.
Además, la Junta se convierte en "adjudicataria" directa de la vivienda en esta reventa, al decidir si el comprador propuesto por el propietario es apto para tal fin en función de su renta y condiciones familiares. Por otro lado, se establecen una serie de sanciones millonarias en caso de que se falseen los datos, no se notifique la venta o se reciban primas bajo cuerda . Asimismo, puesto que el propietario de toda VPO se compromete a utilizar la vivienda como residencia habitual, puede perder su vivienda en caso de no cumplirse este requisito.

CONSECUENCIAS INMEDIATAS

La nueva ley de la Junta no sólo ha paralizado el mercado de vivienda protegida sino que ha anulado muchas operaciones de compra que dependían de la venta de una VPO. El fraude era algo tan asumido que hasta los bancos han estado tasando los pisos de protección oficial a precio de mercado libre.
Otro aspecto que ha levantado ampollas es que la ley no tiene en cuenta a la hora de calcular el precio de la VPO las reformas o inversiones realizadas que hayan podido revalorizarla, y además tiene una aplicación de carácter retroactivo. Esto significa que los contratos firmados que decían que a los cinco o diez años la vivienda pasaba a ser de renta libre ya no tienen validez. Ahora habrá que esperar treinta años para que eso ocurra.
Mientras tanto, el precio de la vivienda sigue subiendo. Menos que otros años, pero continúa en ascenso. Según la Estadística de Precios de Vivienda del Ministerio presentada esta semana, la vivienda libre vio crecer un 12,3% su precio de mercado en Andalucía en el último trimeste del 2005 mientras la vivienda protegida lo hacía un 5%respecto al mismo periodo del año anterior.

OPINIÓN DE LOS SECTORES PROFESIONALES

En cualquier caso, prácticamente todos los sectores profesionales consultados coinciden en que el fondo de la Ley es bueno -tratar de frenar la especulación feroz- pero no las formas. De hecho, notarios, empresarios de inmobiliarias y particulares se quejan de que no hubo negociaciones previas y de que se hizo en unas fechas, las fiestas navideñas, en las que pasó desapercibido.

Desde noviembre, según las inmobiliarias, los notarios no han firmado compraventas de pisos de protección oficial porque no ha dado tiempo a tramitar aún las solicitudes. "Pueden pillarse los dedos, pero están todos tan preocupados como el resto. Con esta ley están perdiendo dinero. Si antes firmaban diez mil ventas de pisos al año ahoran serán mil", señala un agente inmobiliario.
En Consumo, sin embargo, parecen más relajados. "Cuando salió la ley, dábamos saltos de alegría. Antes no paraban de llegarnos denuncias por fraude de personas que había comprado pisos con una parte en dinero negro. La gente no se puede quejar. Cuando compras una VPO sabes que es una vivienda con cargas. Es la única manera de acabar con la especulación y frenar el aumento del precio de la vivienda". Para ellos, también es cuestión de tiempo que las piezas del puzzle encajen y la situación se normalice. "Es normal la inquietud de muchos porque hay demasiada desinformación, pero la situación era insostenible.".

LOS AFECTADOS

M. A. está desesperada y no sabe qué hacer. "Tenía una VPO que el banco me tasó en 37,5 millones. En base a esto, me compré otro de renta libre que me ha costado 40 y ahora me encuentro con que la Junta dice que por el antiguo no puedo pedir más de 14, tampoco lo puedo alquilar y debo buscarme yo a un comprador. Además, nadie me paga la cocina que dejaría, el doble acristalamiento, el aire acondicionado, las puertas ni los armarios empotrados que no venían cuando yo compré el piso. En conclusión, tengo una hipoteca que casi no puedo pagar y dos pisos, uno de ellos nuevo al que no me puedo mudar porque tengo que habitar en la VPO o la expropian. Desde hace días, no paro de llorar".
M. A. no es la única. Hay casos para todos los gustos. Otro curioso es el de una pareja que recibió hace años, antes de casarse, dos pisos de VPO que ya han pagado y quieren conservarlos para sus hijos. La ley les obliga a habitarlos o corren el riesgo de ser expropiados. Por esta razón, han decidido divorciarse y figurar como que habitan en pisos separados.

OPINIONES QUE VAN MÁS ALLÁ

Además de las quejas de los afectados hay gente que tiene dudas de las trampas que esta nueva ley podrá generar y quién acabará beneficiándose de su aplicación. "La picaresca no tardará en llegar, es cuestión de tiempo, y me imagino quién saldrá beneficiado. --dice Javier N.-- La Junta pretende quedarse a precio de ganga con las viviendas que muchos han estado pagando durante años y tiene el poder de elegir quiénes las van a poder comprar. Al final, habrá que pagar a los que dan el visto bueno a la venta en la Administración para que te dejen vender o comprar, es decir, el fraude se traslada a otro sitio y el dinero cambia de manos. Ya lo veremos".