La unica solucion es esta:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. (Artículo 47 de la Constitución Española)
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Las viviendas se han encarecido un 145% durante el período 1995-2005 mientras el incremento porcentual del salario bruto medio fue del 37%. Estos desorbitados incrementos registrados en los últimos diez años han expulsado del mercado a numerosas familias y posibles compradores sin que los políticos hayan tomado medidas administrativas que frenasen dicha tendencia alcista.
¿Cuáles son las causas por las cuales los precios actuales de la vivienda en España se sitúan en niveles que resultan inalcanzables e impiden a muchos españoles el ejercer el derecho de disponer de una vivienda digna, y que convierten el art. 47 de la Constitución de 1978 en un canto al sol?
Las causas son, fundamentalmente, un suelo muy caro y la lentitud en la gestión urbanística de las Administraciones central, autonómica y local.
Los poderes públicos han olvidado el mandato constitucional en lo que se refiere a que deben promover las condiciones necesarias para garantizar una utilización del suelo acorde con el interés general e impedir la especulación. En realidad, en España a los primeros que LA FALANGE quiere denunciar ante la opinión pública, por la venta del patrimonio municipal de suelo con fines especulativos, es a los Ayuntamientos que, aparte de financiarse a través de los impuestos, tasas y contribuciones especiales, han encontrado su “rey midas” en la venta de suelo municipal (conseguido a través de la cesión del 10% del suelo sujeto a licencia de edificación que los promotores por ley deben ceder a los ayuntamientos) y en el planeamiento y gestión urbanística, donde el comportamiento habitual de los políticos locales es maximizar los ingresos urbanísticos, aunque para ello se creen ciudades no sostenibles. Desde luego no parece que la mejor forma de velar por el interés general en la enajenación del patrimonio municipal de suelo sea la adjudicación mediante la fórmula de subasta que utilizan recurrentemente las corporaciones municipales, independientemente de la tonalidad política que tuviesen sus gestores. Es tan perversa para el modelo de desarrollo que lo único que ha hecho es hacer que los Ayuntamientos se conviertan en agentes especuladores al provocar automáticamente la subida de precios y la especulación del suelo circundante al suelo municipal que se adjudicaba por esta vía. Esta forma de financiación municipal lo que además hace muchas veces es tapar el despilfarro y la mala gestión municipal. No vale decir que es el único modo de financiarse los Ayuntamientos, porque si los Ayuntamientos no participasen en el proceso especulativo neocapitalista tendrían mayor necesidad de contención del gasto público y habría mesura al recurrir a la subida de la vía impositiva ya que subidas desorbitadas provocarían la no reelección de los gestores municipales. Además, con el incremento de precios que ha tenido la vivienda en la última década ¿no podrían los españoles pagar de sobra los previsibles incrementos de impuestos?
Por otra parte, al hacerlo los gestores de los ayuntamientos demuestran su irresponsabilidad social ya que los bienes del patrimonio municipal de suelo, una vez incorporados al proceso de urbanización, deberían ser destinados a la construcción de viviendas sociales o a otros usos de interés social, por lo que la enajenación de solares para otros usos supone una descapitalización social municipal y la subordinación municipal a las leyes de la especulación inmobiliaria, lo que condena a muchos ciudadanos a no tener vivienda digna porque estas alcanzan precios inaccesibles.
El precio final de la vivienda que depende de la suma de los costes de suelo, proyecto, licencias, comercialización y construcción ha visto como su participación porcentual varía a lo largo de los años. Hoy el precio del suelo donde se alza el bloque de viviendas es en la mayoría de las grandes ciudades españolas superior a los gastos de construcción de las mismas. Es decir, un valor especulativo (el suelo) es mayor que el valor productivo (trabajo). Además el poseedor del suelo que vende al promotor inmobiliario y se beneficia de la plusvalía generada por la recalificación ni siquiera tiene que participar en los costes de las infraestructuras que precisa cualquier desarrollo urbanístico, como pueden ser las calles, alcantarillado, alumbrado, ajardinamiento, mobiliario urbano, depuradoras,… Hoy en día, muchos arquitectos consiguen mayor rentabilidad económica localizando suelo que ponen a disposición de los promotores inmobiliarios que desarrollando proyectos de edificación. LA FALANGE siempre luchará porque el valor trabajo sea el primacial de todo el planeamiento urbanístico.
Ante el desproporcionado precio de la vivienda, el pensamiento único siempre propone como solución la liberalización del suelo. Pero cuanto más avanza la liberalización, mayor es la especulación y mayor la subida de precios de la vivienda. No se necesita precisamente más mercado libre, sino más ordenado para garantizar una reducción del precio del suelo. En Madrid, por ejemplo, donde los precios son disparatados, existe suelo calificado para construir 600.000 viviendas y, a pesar de ello, se ha producido el mayor incremento del precio del suelo y de la vivienda registrado en España. Lo que se precisa es la primacía del factor político sobre el factor económico si se quiere erradicar la especulación, tal como exige el texto constitucional. Creemos que habría que obrar con la vivienda como se actúa en las obras públicas para erradicar en buena medida la corrupción y reducir la reserva de suelos sin edificar con finalidad especulativa. Habría que expropiar por el Ayuntamiento, conforme a los planes de ordenamiento urbano, los terrenos rústicos que vayan a ser calificados de urbanos. Una vez expropiados los terrenos rústicos se sacaría a concurso el suelo edificable y se dispondría de un número de años, que habría que regular, para edificar. De esta manera, los dueños de los terrenos rústicos obtendrían su justiprecio por el bien que se posee en el momento de la operación, sin beneficiarse de ninguna plusvalía añadida, puesto que lo que se valora es el precio real del suelo y no la expectativa, ya que esta depende sólo de una decisión administrativa (la recalificación) del poder público que ha decidido, de acuerdo a los parámetros del planeamiento urbanístico, si el crecimiento de la ciudad debe ir por un sitio o por otro.
El caso de Marbella, es bien indicativo de los innumerables intereses que se mueven alrededor de la vivienda, donde existen grupos de presión que se hacen con los partidos políticos que gobiernan los Ayuntamientos. En Marbella, han confluido dos situaciones. Por un lado, han invertido los capitales especulativos que llegan al sector de la construcción procedentes de otros sectores económicos, de la evasión fiscal y de las redes de la delincuencia internacional que trafica con armas, drogas o personas, y por otro, están los políticos corruptos que presionan y corrompen a los técnicos municipales para que avalen sus decisiones y así obtener comisiones en metálico o en especie para sí mismos, para su partido o para la construcción de vistosos espacios públicos que garanticen la reelección y la continuación del proceso.
Lo ocurrido en esta ciudad ha puesto al descubierto hasta donde puede llegar el proceso de corrupción organizada que está teniendo lugar en otros municipios de España, sean del signo político que sean. El estado de corrupción generalizada de las administraciones municipales y autonómicas y de los partidos políticos, así como de sectores de la banca, de la industria inmobiliaria, del poder judicial encuentra en el urbanismo la mayor fuente de financiación y socava los valores del estado de derecho. Desde LA FALANGE decimos claramente que una buena parte de la financiación de los partidos políticos con representación municipal o autonómica es ilegal y procede principalmente de la especulación urbanística. El que este libre de pecado que tire la primera piedra.
Frente a esta situación de corrupción generalizada y ante la indefensión en la que muchos de nuestros compatriotas son victimas sistemáticas LA FALANGE articulará los mecanismos de denuncia legal y social que pongan freno a esta situación.
La Falange iniciará próximamente una serie de actividades y recursos con el fin de combatir la especulación del suelo, como elemento principal del alto coste de la vivienda disponible y luchando contra la corrupción urbanística municipal y en defensa de la ciudad sostenible. Se promoverá así mismo que los hijos de españoles tengan prevalencia sobre los inmigrantes en la concesión de viviendas de protección pública.