El administrador nos reclama 55 euros que no le debemos. Hemos hablado con un abogado y nos dice que nos costará más caro denunciarlo y que comunicarlo al colegio de administradores sería inútil. Pero el problema está en que esa supuesta deuda nos impide ejercer nuestro derecho de copropietarios, no podemos votar ni protestar. Encima, el supsuesto deudor es una persona discapacitada (66% de minusvalía) que sufre secuelas graves para la salud cada vez que recibimos la carta donde el administrador habla de la supuesta deuda. Le pedimos que nos presente la documentación que demuestra la existencia del importe endeudado porque, por nuestra parte, estamos al día de todos los pagos, pero no se digno ni contestarnos. Eso se puede considerar como un delito penal? Porque está intimidando y calumniando a una persona indefensa, a un discapacitado.