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CiU, PNV, ERC e IU DEJAN SOLO AL PP
Bono se escabulle del ‘caso Seseña’ gracias a un pacto con los nacionalistas José Bono
José Bono ha cerrado con los grupos nacionalistas (CiU, PNV e incluso ERC), además de con Izquierda Unida, un acuerdo para dar carpetazo en el Congreso al “caso Seseña”. Las responsabilidades del Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha bajo los mandatos del hoy presidente de las Cortes y de su sucesor en la Junta, José María Barreda, en el escándalo del macroproyecto del constructor José Hernando (“El Pocero”) que denuncia el Tribunal de Cuentas decaerán con el fin de la legislatura.
Según la resolución pactada entre todos los grupos parlamentarios, menos el del PP, para que se vote este martes en la Cámara, el Gobierno debe limitarse a “iniciar una reflexión” sobre lo ocurrido y el ayuntamiento toledano a cumplir con las recomendaciones del máximo órgano fiscalizador del Estado.
Dos millones de metros cuadrados de suelo recalificados sin orden ni concierto, 192 irregularidades e incumplimientos de leyes y normativas registradas por el tribunal en proyecto urbanístico que arrancó para levantar 11.000 viviendas y llegó –sobre el papel- a 26.000, al final sin equipamientos, a veces ni calles y con casi la mitad de las urbanizaciones sin ni siquiera registrar son los datos que la actual mayoría en el Congreso prefiere obviar aunque el órgano fiscalizador del Estado vea claras responsabilidades en la Junta de Castilla-La Mancha por haber hecho la vista gorda.
El informe del tribunal presentado a Las Cortes sobre lo ocurrido en el municipio toledano de Seseña entre 1996 y 2007 recordaba que el gobierno autonómico "debería ejercitar en el ámbito de sus competencias las funciones de ordenación, control, inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga". Y concluía que si la autoridad autonómica hubiera cumplido con su obligación se hubieran podido evitar gran parte de las irregularidades y modificaciones del planteamiento de origen "no justificadas en el interés general".
Pese a la contundencia de las denuncias, el PSOE ha decidido que el Congreso también haga la vista gorda en el cierre de la legislatura y Bono se libre de que en la próxima le puedan perseguir por el “caso Seseña” con el informe del órgano fiscalizador como soporte. El carpetazo es total. En la escueta resolución pactada y firmada por el grupo socialista, el del PNV, CiU, ERC-IU-ICV y hasta el mixto, se propone “dirigirse al Gobierno de España para que, conjuntamente con las Comunidades Autónomas y Municipios inicie una reflexión sobre las posibilidades de mejorar el ejercicio de las competencias y funciones que, sobre todo en el ámbito urbanístico, les tiene encomendado nuestro ordenamiento jurídico a las distintas administraciones”.
De relleno, la resolución incluye otro punto para dirigirse al Ayuntamiento de Seseña (Toledo) con el fin de recordar que debe aceptar y cumplir “con las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas en su informe”. La obviedad de que debe cumplir con la ley, no como hizo la anterior corporación del PSOE.
El Grupo Popular se quedará hoy solo en la reunión de la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, pues presenta su propia propuesta de resolución en el sentido contrario a la impulsada por Bono. Además de instar al Ayuntamiento de Seseña a cambiar su forma de actuar en diez puntos concretos, el PP pretende “instar al Fiscal en el Tribunal de Cuentas a que impulse la depuración de responsabilidades correspondientes que pudieran deducirse del contenido del informe de fiscalización aprobado”. También aspira a que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cumpla con sus funciones de “ordenación, control, inspección, sanción e intervención que en materia de gestión urbanística le atribuye el ordenamiento jurídico”. Lo que dejaron de hacer Bono y Barreda en el proyecto de “El Pocero”.