La «subasta» de ofertas electorales

452 lecturas | 0 respuestas

14-M: de momento sólo promesas
Su Vivienda, 30/1/2004

PP y PSOE han abierto la «subasta» de ofertas electorales en materia de vivienda. Ambos partidos ofrecen un amplio abanico de medidas que los expertos consideran, en buena parte, irrealizables o faltas de definición

El candidato a la presencia del Gobierno por el Partido Popular, Mariano Rajoy, en un momento de su intervención en pasado sábado en León. / Secundino Pérez



Preparados, listos, ya! La carrera por hacerse con la presidencia del Gobierno ha comenzado... y casi sin coger impulso. El primero en dar el pistoletazo de salida ha sido el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, que, el pasado sábado, anunció en León que si logra ganar las elecciones del próximo 14 de marzo, construiría nada menos que 900.000 viviendas protegidas.

Las reacciones, alabanzas, críticas y demás comentarios no se han hecho esperar. Y, como no podía ser de otra manera, el primero en contestar ha sido su rival más directo, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que aunque si bien sus propuestas aún no son definitivas, también parece tener mucho que ofrecer en materia de vivienda.

Ambos han comenzado una auténtica subasta electoral de soluciones en la que es difícil saber quién ofrece más. Los dos partidos, como era de esperar, han convertido a la vivienda en uno de sus mejores carteles ante los votantes, muchos de los cuales se están viendo directamente afectados por los precios de venta y por la escasez de alquileres y VPO.

Sin embargo, los expertos no se hacen demasiadas ilusiones no sea que esas promesas se queden en eso, en meras declaraciones plagadas de buenas intenciones, pero sin posibilidades de hacer cambiar la realidad del mercado.

Aumentar la oferta de suelo, construir un mayor número de viviendas protegidas y fomentar el mercado del alquiler son algunos de los clásicos de toda campaña electoral que se precie. Por otra parte, crear un nuevo tipo de viviendas de protección con un precio más cercano al de las casas libres, es una de las novedades que más ha sorprendido a las fuentes consultadas. ¿Es viable?

Fue el pasado sábado, en León. El candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, anunció su programa electoral en materia de vivienda. Desde ese momento, las reacciones, comentarios, alabanzas y críticas a sus propuestas han empezado a salir a la luz.

Los expertos no quieren hacerse ilusiones ante las palabras que, en campaña electoral, suenan tan bien en boca de los políticos. Lo que hay que preguntarse es si esas promesas con visos de cambiar el actual panorama del sector inmobiliario son realistas. SU VIVIENDA ha querido saber qué opinan distintas fuentes del sector sobre las propuestas de Mariano Rajoy, y también, aunque todavía por perfilar exactamente, sobre las del líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La mayoría cree que las fórmulas mágicas anunciadas están cargadas de indefinición, dudando de que muchas se puedan llevar a la práctica.

PP

El PP promoverá una ayuda a la entrada de 10.000 euros para facilitar el acceso de los jóvenes a la primera vivienda de carácter protegido. Esta medida beneficiará, a lo largo de la legislatura, a 200.000 menores de 35 años.

«No hay que olvidar que lo que hay que favorecer son las circunstancias para que se hagan viviendas protegidas, porque, de lo contrario vas a dar ayudas a la gente para que acceda a una oferta que no existe. Es fundamental aumentar la oferta y cuando ésta exista, ayudar al comprador», dice Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España.

Aumentará la oferta de suelo disponible mediante la coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos.

«Es algo que se lleva queriendo toda la vida. Si se consigue, será maravilloso, pero ha de decir cómo lo va a hacer, porque es lo primero que todos los candidatos prometen», asegura Agustín Ferrer García, director de Suelo y Servicios de Grupo i.

Creará una Agencia Estatal del Suelo que actúe como único agente urbanizador y coordinador de la puesta a disposición del suelo propiedad del Estado.

«Este punto no solucionaría el problema del suelo porque todas las competencias están transmitidas a las comunidades autónomas (CCAA), con lo que habría que tratar de coordinar a las propias comunidades, no a nivel estatal», afirma Agustín Ferrer.

Propone cambiar el modelo de gestión pasiva por otro ejemplar en la agilidad y la transparencia, en el cumplimiento de los plazos del proceso de transformación del suelo y en la relación calidad-precio de las viviendas que serán preferentemente protegidas.

«El principal problema que tiene el suelo en la actualidad es la falta de agilidad en la gestión. Si consiguen agilizar los plazos, perfecto, pero falta precisión en la propuesta. ¿Cómo lo hará?», continúa el director de Suelo de Grupo i.

Fomentará la reducción de plazos y trámites administrativos y facilitará el acceso a través de Internet a un Mapa Nacional de Calificación de Suelo.

«No es más que una herramienta y como tal, no va a solucionar el problema de la gestión en sí, simplemente garantizará transparencia una vez que se haya salvado el problema de los trámites».

Fomentará el desarrollo de Sociedades para la Promoción de Viviendas en Alquiler a través de incentivos fiscales y reforzará la seguridad jurídica de los arrendadores. Implantará juicios rápidos por falta de pago en los arrendamientos, que se celebrarán en un máximo de 20 días, y eliminará trámites para presentar la demanda de desahucio.

«Agilizar los procesos de desahucio es clave para que los propietarios se lancen a poner sus casas en el mercado del alquiler», indican fuentes del sector. «Es una medida que, además de positiva, es perfectamente factible, porque ya se hace en otros países», confirma Miguel Ángel Flores, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Por su parte, Arnáu Glabulosa, director de Patrimonio de Cevasa, afirma que «por fin han comprendido que el fomento del alquiler pasa por incentivar fiscalmente a las empresas que se dedican a ello».

Flexibilizará la legislación para permitir una duración del contrato de un año prorrogable automáticamente hasta un máximo de tres y creará, a través de convenios con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y entidades financieras, el aval alquiler joven para que los jóvenes obtengan garantías y accedan al arrendamiento.

«Parece muy lógico que si se quiere dar seguridad al propietario para que arriende se hagan este tipo de avales, pero no son una novedad porque ya funcionan en otras CCAA, como en la Generalitat», dice Grabulosa. En cuanto a flexibilizar los plazos, «no parece muy lógico, porque la persona que saca una casa en alquiler lo hace sabiendo los plazos», explica Muñoz Flores. No obstante, otras fuentes han señalado que es una medida muy favorable para el casero, ya que así «se garantiza poder recuperar su casa en un periodo antes de tiempo».

PSOE

El PSOE establecerá un acuerdo entre las tres Administraciones para que todos los suelos de propiedad pública se destinen, preferentemente, a la promoción de vivienda protegida en alquiler o en derecho de superficie.

«Lo que plantea es muy evidente. El problema es cómo se va a llevar a cabo», explica, desde Grupo i, Ferrer García.

Creará una Agencia Pública de Alquiler que establecerá acuerdos con propietarios dispuestos a poner su vivienda en arrendamiento a un precio moderado. Ofrecerá mayor seguridad jurídica a los propietarios, se creará un registro de información sobre los inquilinos, se favorecerán las labores de búsqueda y se asistirá a los desfavorecidos económicamente mediante ayudas directas.

«Creo que es una buena medida. De lo que se trata es de promover el alquiler y ayudar a los más desfavorecidos. Esto va a hacer que los propietarios tengan más garantías a la hora de arrendar», explica Muñoz Flores. De otra opinión es Grabulosa, ya que cree que «en algunas CCAA ya se está haciendo esto, pero ejecutarlo a nivel estatal me parece muy intervencionista».

Apuesta por un sistema de ayudas más justo y transparente. Se favorecerá la asignación de ayudas directas en detrimento de las desgravaciones fiscales.

«Se equivoca porque de nada va a servir ayudar a la gente si no hay casas en alquiler a las que puedan acceder», dice Grabulosa.

Propone desarrollar los Fondos de Inversión Inmobiliarios en aras de fomentar la oferta de alquiler.

«No hay que ayudar a los bancos, porque ellos ya cuentan con suficientes ayudas y recursos. Hay que ayudar a las empresas que nos dedicamos a esto para que podamos hacer este tipo de casas», sentencia el director de Patrimonio de Cevasa.




--------------------------------------------------------------------------------

El «quién da más» por la vivienda protegida

PP

El PP creará, en los próximos cuatro años, 900.000 viviendas protegidas, de las que 500.000 serán de nueva construcción, 200.000 rehabilitadas y 200.000 protegidas a través de la promoción de suelo mediante convenios entre ayuntamientos y comunidades autónomas.

«No se trata de poner 900.000 viviendas en el mercado, se trata de saber si hay suelo disponible para construirlas y, en este punto, no sabemos de cuánto suelo dispone el Estado», dicen fuentes del sector.

Creará la vivienda de precio limitado (intermedia entre la protegida y la libre) que se construirá en terrenos para viviendas protegidas, no superará en ningún caso los 165.000 euros y los ciudadanos que accedan a ellas se beneficiarán de préstamos cualificados durante 30 años.

«Para los promotores es imprescindible que el precio de las casas protegidas sea realista, y el que ha anunciado Rajoy se acerca bastante a lo que nosotros hemos venido reclamando. No obstante, no se entiende que sea un precio único para toda España. No sería lógico», afirma Manuel Martí, secretario general de la APCE.
En cuanto a la ampliación de los plazos de préstamos cualificados de 20 a 30 años, Francisco López Barquero, secretario general de Agecovi, cree «que se trata de una medida razonable, teniendo en cuenta la lógica del mercado hipotecario»

Psoe

El PSOE reformará, de acuerdo con las CCAA, la figura de vivienda protegida (VPO) para consolidar una oferta estable y suficiente de viviendas a precios asequibles y evitar cualquier tipo de fraude en este tipo de vivienda. Para ello, las ayudas públicas se destinarán preferentemente a la VPO en alquiler y en derecho de superficie.

«No hay que olvidar que estas ayudas pueden estar muy bien, pero antes hay que garantizar que exista ese tipo de viviendas para que la gente pueda acceder a ellas. Antes de ayudar a la persona, hay que ayudar a las empresas para que construyan».

La VPO para venta mantendrá durante toda su vida útil un precio máximo actualizado cada año y sólo podrá venderse, en las segundas y posteriores transmisiones, a demandantes de VPO inscritos en un registro público.

«No se trata de un problema de precio, porque éste ya está limitado, sino que el problema de la vivienda protegida es la falta de suelo. Ver dónde se van a construir y quién las va a desarrollar, si se va a subastar suelo o no...», opina Ferrer García, de Grupo i.

Garantiza el acceso a la vivienda a un precio asequible a 180.000 familias al año mediante un nuevo plan de Vivienda que ampliará los objetivos actuales.

El presidente de la APCE cree que hay que poner el acento en las viviendas construidas y no en la accesibilidad de las familias.