Fraude en VPO alarma al Gobierno

¿Cómo está el Gobierno abordando el fraude en las viviendas de protección oficial?

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El fraude en las viviendas de protección oficial enciende las alarmas en el Gobierno
Expansión, 10-2-2004


El vicepresidente Rodrigo Rato aboga por “aplicar un control más transparente” y vigilar a los promotores. Los empresarios culpan a la legislación de la proliferación de estas prácticas, que pueden ascender a 600 millones.

Las presiones urbanísticas sobre el suelo destinado a la vivienda libre se han trasladado al mercado protegido, dejando al descubierto prácticas ilegales por parte de los vendedores y de los compradores. Lo reconoció ayer el propio vicepresidente primero del Gobierno, Rodrigo Rato, al subrayar que hay que mejorar los controles y aumentar la transparencia en la concesión de la Viviendas de Protección Oficial (VPO), ya que “se han dado casos de parientes cercanos de personas pudientes que han optado a este tipo de promociones”. En su opinión, es necesario aplicar un control más transparente e identificar a los promotores para ver si tienen alguna vinculación con algún partido político o asociación cercana a los poderes públicos.

Precisamente, los “casos” más polémicos a los que se refería Rato en una entrevista realizada ayer en RNE han tenido lugar en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP desde 1995. El más reciente fue el relacionado con el portavoz de IU en el Parlamento regional, Luis Suárez, uno de los miembros de la comisión encargada de investigar la crisis provocada por los dos tránsfugas del PSOE y sus presuntos vínculos con tramas inmobiliarias. Suárez fue muy criticado por poseer, en su lista de propiedades, viviendas protegidas cuando sus ingresos superaban los límites económicos marcados por la legislación.

Las práctica más denunciada en el mundo empresarial es la venta de inmuebles por encima del valor que fija la Comunidad Autónoma utilizando como tapadera las denominadas ‘mejoras forzosas’.

Según los últimos cálculos, el fraude en este tipo de operaciones se acerca a 600 millones de euros. Por parte de los propietarios particulares, lo más habitual es reclamar una parte del pago en dinero negro que, en algunos casos, duplica el valor escritural de la vivienda. Recientemente, la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid denunció a una conocida agencia inmobiliaria por intentar burlar la ley para vender VPO sujetas al derecho de tanteo y retracto por parte de este organismo municipal. La inmobiliaria distribuyó publicidad en los buzones de viviendas en el barrio de Moratalaz para captar a los interesados en hacer negocio con su propiedad –la ley lo impide hacer hasta que el inmueble cumpla 15 años–.

Soluciones
Para Manuel Martí, secretario general de la patronal APCE, la advertencia de Rato se circunscribe a un problema concreto “que es la prestación de un mal servicio público de la Administración al conceder un bien a una persona que no le corresponde por sus ingresos” pero, en su opinión, los problemas en el sector “son más amplios”. Entre ellos menciona decisiones incoherentes como hacer reservas de suelo obligatorias para VPO, ya que eso se traduce automáticamente en aumentos de precios en los solares destinados al mercado libre.

Una opinión compartida por el vicepresidente de la Asociación Hipotecaria Española, Roberto Colomer. En su opinión, la obligación de ceder suelo para construir viviendas protegidas incentiva el fraude, ya que los propietarios de VPO encuentran atractivo vender la vivienda antes de los 15 años que impone la normativa. Además, cree “lógico” que un promotor opte por encarecer el precio de los inmuebles si no puede rendimiento a la parte de suelo que obligatoriamente debe destinar a VPO.

Desde el inicio del boom inmobiliario, la Administración ha intentado atajar este tipo de prácticas aumentando la inspección. Según Martí, la solución pasa por aplicar la ley, “el derecho de tanteo y retracto” que, en su opinión, “casi nunca se utiliza”.