Esto es lo que informa Telemadrid en su web.
Un total de 115 familias, la mayoría de etnia gitana, fueron desalojadas este jeuves de las viviendas que habían ocupado en un edificio del madrileño barrio de San Fermín (Usera) en la mayor operación de estas características desarrollada por la Policía Municipal, que transcurrió sin incidentes. Un retén de agentes municipales vigilará esta noche el bloque de tres portales de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) situado en el camino de Perales, donde hace dos meses comenzaron a llegar familias, fundamentalmente parejas de entre 20 y 30 años con niños, que argumentaron la necesidad de una vivienda para justificar la ocupación. "No somos de Las Barranquillas, venimos de vivir con nuestros padres" expresaba indignado Pedro Losada, uno de los desalojados, quien reclamó una solución para todas estas familias porque "somos españoles e hijos del barrio". En términos similares se expresó Samuel, vendedor ambulante casado y con dos niños de dos meses y tres años, quien explicó que tendrá que volver a casa de sus padres, en una de cuyas habitaciones vivía toda la familia.
Otros, en cambio, anunciaban que se quedarían aparcados con sus coches frente al edificio hasta que les den una solución o levantarían chabolas en un descampado cercano. "Un primo mío me dijo que aquí había una vivienda vacía y me metí" porque "este edificio, a diferencia de otras obras no tenía guardia jurado", continuó Samuel quien aseguró que "no estamos en contra de pagar un dinero por un alquiler". Gloria Heredia se quejó de la forma en que se ha realizado la operación y afirmó que sobre las ocho de la mañana "llegó un gran número de vehículos de policía que comenzaron a rodear el edificio como si fuéramos terroristas"
Mientras, algunos residentes y comerciantes de la zona expresaron su satisfacción por una acción que "debía de haberse producido antes", e incluso una vecina llegó a afirmar que los tres bloques habían sido ocupados "por lo peor que podía venir". Otro vecino coincidió en que la medida es correcta y que "quien quiera casa que la pague", en tanto que otro de los curiosos que se acercaron a ver cómo se producía el desalojo recordó que las viviendas ya estaban adjudicadas.
El concejal delegado de Vivienda de Madrid, Sigfrido Herráez, habló de la "operación de desalojo más importante de la historia de la Policía Municipal", en la que los agentes han actuado por primera vez como Policía Judicial y que se desarrolló entre las 8.00 y las 12.30 horas, aunque la Comisión judicial no abandonó el lugar hasta las 14.30. Herráez, que compareció junto al director gerente de Seguridad, Arturo Canalda, sugirió la inhabilitación como posibles perceptores de vivienda social a las familias desalojadas hasta que no paguen los deterioros que causaron en los pisos, aunque dijo desconocer si tomar esta decisión "es legalmente posible".
Según informó Canalda, 300 efectivos de la Policía Municipal participaron en el desalojo de 160 personas, entre ellas, mujeres embarazadas, niños y enfermos, así como "perros violentos" que tuvieron que ser reducidos. Ambos responsables municipales destacaron la colaboración de los vecinos para conseguir que no se produjeran incidentes en el desalojo.
El edificio, de 160 viviendas, estaba terminado y vacío desde hacía más de un año y nunca ha sido habitado porque, según la EMV, quedaban pendientes "los últimos trámites administrativos", entre ellos, las diligencias de primera ocupación. Hace cuatro meses que empezaron a entrar en él, por el expeditivo método de romper la puerta, gente del barrio y chabolistas de las inmediaciones, ninguno de los cuales "vivía debajo de un puente", según puntualizó Herráez, quien indicó que "es de suponer que ahora cada uno vuelva al lugar del que procedía", pero no "a la calle". El trámite judicial ha llevado apenas mes y medio y en "uno o dos meses" podrán irse a vivir los nuevos inquilinos que son familias de casas bajas, procedentes de ruinas del centro histórico, de poblados chabolistas o familias convencionales.