Ni la Comunidad de Madrid ni el resto de Comunidades perdieron sus competencias exclusivas sobre las residencias durante el primer estado de alarma. Esto ya lo dejamos claro en otro hilo del foro hace meses, aunque el administrador borró el hilo entero.
En ningún momento la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa o ministerio alguno asumieron las competencias en materia de residencias de mayores.
Tras el real decreto del 14 de marzo de 2020 que reguló la aplicación del estado de alarma, la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid,que entonces dirigía Alberto Reyero (Ciudadanos), mantuvo plenas competencias sobre las residencias de mayores.
1.- La primera regulación del Gobierno que afectó a las residencias fue la Orden Ministerial SND/265/2020 aprobada el 21 de marzo por el Ministerio de Sanidad, que ordenó atender con empleados distintos a los residentes sin síntomas ni contacto con sospechosos y a los residentes con síntomas o contagiados, para minimizar los riesgos de contagio.
La propia orden ministerial explicaba que eran las “autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma” las encargadas de dictar las disposiciones para garantizar el desarrollo y ejecución de esas medidas.
2.- Dos días después, otra Orden del Ministerio de Sanidad disponía que se debían “priorizar la realización de pruebas diagnósticas de los residentes y del personal” y, en caso de que la Comunidad Autónoma correspondiente lo considerarlo necesario, esa Comunidad podía “intervenir los centros residenciales” para adoptar medidas como trasladar a residentes a otros centros o modificar la utilización de las residencias como “espacios para uso sanitario”.
3.- ¿Cuáles fueron las únicas medidas del Gobierno que afectaron a las residencias y que tuvieron que ver con la Vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias?
Pues el decreto ley con medidas para hacer frente al impacto económico y social de la crisis, que se publicó en el BOE el 17 de marzo de 2020, incluyó una partida de 300 millones de euros para “financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales en comunidades autónomas, diputaciones provinciales o corporaciones locales” y, entre otros destinos, se financiaba el refuerzo de las plantillas de las residencias de mayores y la compra de equipos de protección individual y recursos sanitarios para estos centros.
La coordinación de este fondo de fianciación recayó en Pablo Iglesias, a quien se le encomendó además la coordinación de las labores de desinfección en las residencias llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El fondo de 300 millones fue repartido entre las Comunidades a través del Consejo Interterritorial de Sercicios Sociales. Las Comunidades eran las que decidían cómo se gastaba ese dinero y simplemente tenían que justificar los gastos ante el Gobierno.
En cuanto a la desinfección en las residencias, el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Iglesias se encargó de coordinar, a partir del 22 de marzo, junto al Ministerio de Sanidad, las tareas de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la intervención urgente en las residencias para cuya desinfección solicitara ayuda cada Comunidad Autónoma.
4.- Asimismo, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, perteneciente al ministerio de Pablo Iglesias, dictó el 20 de marzo una resolución provisional para flexibilizar durante la crisis la contratació de trabajadores de servicios sociales, de modo que, de forma excepcional para atender la emergencia de la situación, se pudieran contratar trabajadores sociales sin las titulaciones exigidas habitualmente siempre que tuvieran “experiencia en cuidadado y atención de personas dependientes”.
Esos son los hechos y los datos objetivos. Son datos públicos y fáciles de comprobar.
Editado por ErnestoG 25/4/2021 17:33
Editado por ErnestoG 25/4/2021 17:37