Carta a la Ministra

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Excma. Sra. Dña. María Antonia Trujillo Rincón, Ministra de la Vivienda:
Me dirijo a Ud. para expresarle mi más firme desacuerdo ante la política que está llevando a cabo su equipo para controlar el precio de la vivienda. Creo que con la subida de precio permitida en el módulo de las viviendas de protección oficial no va a solucionar el problema actual de encarecimiento de la vivienda en el que se encuentra inmersa la sociedad en este momento.
Según la Guía Internacional de costes de Edificación difundida por la consultora inmobiliaria EC “el coste de la construcción (desde el diseño hasta los materiales y la mano de obra) en España es un 40% más barato que el de la media de los países de la UE”. Esta misma consultora opina que “estos datos avalan el hecho de que el encarecimiento de las viviendas deriva de la subida del precio del suelo y no del aumento del resto de los costes de construcción”.
Como Ud. bien sabrá, uno de los más importantes efectos que ha generado la subida de los precios de los bienes inmuebles es la atracción masiva de capitales a este sector, ya que de cara a los inversores este mercado se perfila mucho más rentable que cualquier otro. A su vez, esta compra masiva especulativa de viviendas ha generado una subida, mayor aún, en el precio.
Con todo esto, me permito opinar que la subida inmobiliaria responde más a fenómenos especulativos que a un aumento real de precio procedente de mayores calidades en la construcción o mayores ventajas para el comprador.
Por eso, cuando tanto la Administración Central como la Comunidad de Madrid justifican el incremento del precio de la vivienda protegida “como forma de afrontar las quejas de los constructores respecto al escaso beneficio que les reporta edificar este tipo de inmuebles”, creo que no se está atacando la raíz del problema. En lugar de actuar con medidas serias contra la especulación inmobiliaria, se ha decidido a aumentar abusivamente el precio de la vivienda de protección, que a veces es el único medio de acceso para las personas con menores recursos. Según esto, todo trabajador que no percibiese un salario un 20% mayor al año no debería acudir a su empleo cada mañana. Con estas medidas se acepta el precio de la vivienda impuesto por constructores y especuladores y seguimos engordando las cuentas de unos pocos gracias a los 30 años de hipoteca de la inmensa mayoría.
Como conclusión, me gustaría decir que la política que ha llevado a cabo hasta ahora, más que una política social, parece una política dirigida a especuladores y constructores. Para completar este tipo de política, el Ministerio de Vivienda podría impulsar un nuevo tipo de vivienda protegida y un sistema de ayudas para los ciudadanos que poseen unos ingresos superiores a las 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. De esta manera Uds. también podrían decir que son de centro, señora ministra.