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¿PRACTICAS FRAUDULENTAS?

Actualizado 17/02/2004
394 lecturas acumuladas
1  mensaje
Autor
Tema
Fecha
feb.-2004
6 mens.
Usuario Circunstancial
17/02/2004 11:35
ELMUNDO 10/02/2004

ECONOMIA


Los consumidores denuncian prácticas fraudulentas en las promociones de VPO

Alertan de que cada vez es más habitual que exijan un sobreprecio al comprador - Rato pide más control en la concesión de pisos protegidos

MERCEDES GOMEZ

MADRID.- Las organizaciones de consumidores ya han disparado las alarmas sobre las presuntas prácticas fraudulentas que están proliferando entre las promotoras que ejecutan viviendas protegidas. El volumen de denuncias de usuarios a los que se les exige un «sobreprecio» por acceder a una casa de estas características y que llegan hasta las oficinas de estas asociaciones es cada vez más abultado. El importe extra que, además debe entregarse bajo cuerda, oscila entre 18.000 y 30.000 euros sobre un precio estipulado en el entorno de los 150.000 euros, según las estimaciones realizadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en función de las quejas recibidas por esta organización.



El motivo de exigir una cuantía adicional en dinero negro al potencial comprador no es otro que la falta de rentabilidad o los estrechos márgenes de este tipo de edificación para el constructor manejando los precios establecidos por la Administración competente, según afirmó ayer la portavoz de esta organización, Ileana Izverniceanu.

Esta práctica también es inadmisible para la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU). Su portavoz, Antonio López, manifestó ayer a Servimedia que es «injustificable» que se pida más dinero cuando se ha firmado un contrato que estipula un precio determinado.

Pese a la gravedad de los hechos y de los que las autoridades competentes tienen constancia, los representantes de los consumidores no tienen capacidad para emprender acciones legales contra las promotoras que recurren a estas prácticas ilegales. Las denuncias recibidas siempre son anónimas, ya que los compradores afectados se encuentran atados de pies y manos. «Es difícil que este fraude aflore, ya que el comprador sabe que también incurre en un delito al abonar parte del piso en dinero negro», explica la portavoz de la OCU.

Y es la propia situación del mercado inmobiliario, con unos precios desorbitados, en opinión de la OCU, la que fomenta este tipo de irregularidades. Es decir, el comprador acaba por acceder a las exigencias de la promotora, ya que, sobreprecio incluido, el coste de la vivienda estará bastante por debajo que el que podrá encontrar en el mercado libre.

En última instancia, los consumidores responsabilizan a la Administración de que se produzcan este tipo de situaciones, ya que se muestran impasibles ante ellas pese a conocerlas.

A otro tipo de irregularidades en la concesión de Viviendas Protegidas (VPO) también se refirió ayer el ministro de Economía, Rodrigo Rato, en declaraciones a Radio Nacional de España. Al preguntarle sobre aquellos adjudicatarios de VPO que están siendo financiados por personas con recursos económicos (por ejemplo, padres a hijos), afirmó que es necesario «mejorar los controles y la transparencia» en la concesión, de modo que en operaciones financiadas con recursos públicos «todos sepan quiénes son los beneficiarios y su relación con los promotores y las cooperativas», informa Efe.

Atajar estas situaciones ilegales, a juicio del ministro de Economía, por extremar las precauciones sobre los promotores que edifican estas construcciones para «comprobar si están vinculados a alguna formación política o a alguna asociación cercana a los poderes públicos».

Y como sobre cualquier cuestión concerniente al mercado inmobiliario, Rato instó a comunidades autónomas y ayuntamientos a tomar cartas en este asunto, ya que son los que ejecutan los programas de vivienda protegida.



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Más precio para evitar fraudes
Los consumidores no han sido los únicos en poner en conocimiento de la Administración el sobreprecio que exigen algunas promotoras de pisos protegidos. La Asociación de Promotores y Constructores (APCE) ya ha pedido que se investiguen este tipo de actuaciones que se producen sobre todo en grandes capitales como Madrid, donde la vivienda resulta más inaccesible. A juicio del secretario de la patronal, Manuel Martí, hay que combatir estas actuaciones, ya que son una «competencia desleal para el resto del sector».Y entre las medidas que proponen para evitar fraudes está el elevar el precio máximo establecido por el Gobierno para este tipo de inmuebles y ajustarlo a la realidad del mercado, lo que, por otra parte, impulsaría la promoción de VPO.En la actualidad, el precio básico se sitúa en 648,98 euros por metro de superficie útil. No obstante, algunos municipios, donde existe una especial problemática en los precios del mercado libre, pueden elevarlo hasta el 40%.

Para Martí sería razonable que el precio máximo de la VPO se situara en el 70% del valor de una vivienda libre.


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