El DUS es el “Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible” del Ayuntamiento de Madrid, y es lo que tradicionalmente entendemos como “Concejalía de Urbanismo”.
En cuanto al resto, y aunque mi información es limitada, introduzco un poco el asunto para los más nuevos en el barrio, y que sirva de recordatorio para los más veteranos de este foro.
"En anteriores episodios de La Historia del Parque Interminable..."
La cuestión es que el acondicionamiento del Parque Manolito Gafotas es una responsabilidad de la Junta de Compensación que urbanizó esta parte del PAU (hablamos de acuerdos de hace más de 20 años). Simplificando mucho, una Junta de Compensación es un organismo privado formado por los propietarios del terreno, que logran la recalificación del mismo para ser urbanizado y adquieren el derecho a construir y vender viviendas (y locales, etc.), pero también contraen la obligación de dedicar parte de las plusvalías, que obtienen por la recalificación, a urbanizar el terreno y construir determinados equipamientos, entre los cuales está el famoso parque lineal, ahora Parque Manolito Gafotas.
Para garantizar la ejecución de esas obras, los miembros de la Junta de Compensación se ven obligados a depositar unos avales económicos, y en caso de no cumplir con el compromiso adquirido, el Ayuntamiento puede optar por la llamada “ejecución sustitutoria”, disponiendo del capital depositado en los avales para hacer las obras que la Junta de Compensación no ejecuta. Hasta ahí todo muy bonito.
Lo curioso es que el que fuera presidente de la Junta de Compensación -por ser el principal propietario de terrenos-, don Manuel Dapena (del que no sé si decir QEPD, porque si sigue vivo debe tener ya cien años o más), logró que la empresa constructora a la que le encargó la mayoría de las obras del PAU -SACYR-, fuera la que depositase los avales en cuestión, de manera que Dapena se escaqueó de acondicionar el parque (y de otras obras que tampoco hizo) con la comodidad de que el marrón por su pasotismo ahora se lo tenía que comer SACYR.
Durante años esa ejecución sustitutoria a costa de los avales ha sido reivindicada por los vecinos, dada la evidente inacción de la Junta de Compensación. El Ayuntamiento ha amenazado con utilizar los avales de cara a la galería, y aunque se supone que se iniciaron algunos litigios legales al respecto, nada se resolvió. Lo que sí quedó claro es que la presión vecinal a golpe de arboladas generó una gran incomodidad al Ayuntamiento, porque éste no era capaz de explicar por qué pasaban los años sin aplicar la ejecución sustitutoria. ¿Por qué? Al parecer, lo de ejecutar unos avales de este tipo no era precisamente costumbre municipal, porque se soliviantaban poderes muy poderosos (SACYR es una constructora que mueve muchos hilos y tiene muchos amigos en puestos públicos), pero también porque implicaba iniciar una carrera en tribunales, con un elevado coste para el Ayuntamiento, durante un periodo prolongado y sin garantías de éxito. ¿Por qué sin garantías? Porque el condicionado de los acuerdos con la Junta de Compensación es lo suficientemente impreciso como para que la interpretación de las obligaciones de las partes no haya quedado siempre claramente redactada (y aquí, quien quiera sospechar de intencionalidad por parte de las personas firmantes en nombre del Ayuntamiento, puede hacerlo).
Tras el cambio de gobierno de 2015, parecía que el Ayuntamiento sí se iba a tomar en serio lo de presionar a la Junta de Compensación en los tribunales, pero el asunto sigue empantanado y alargánose de manera indefinida. Supongo que SACYR estará gastando mucho dinero en abogados para recuperar esos avales, que no recuerdo a cuánto ascendían pero era una buena pasta. Y en cuanto al Ayuntamiento, no sé si alguien de la Asociación de Vecinos tendrá más información de “cuánto esfuerzo” está poniendo en este asunto.
Para terminar, y aunque estoy desconectado de las movilizaciones y seguramente hay por aquí gente más informada que puede corregir y/o ampliar mi información, supongo que la reivindicación vecinal hacia el Ayuntamiento pasa por exigir que se aceleren los procesos legales al máximo, pero también por la ejecución de la obra por parte del municipio de manera inmediata y con recursos propios. Y luego, si los tribunales le dan la razón al Ayuntamiento, podrá disponer de los avales y recuperar el dinero invertido.