En el modelo educativo español hay centros públicos, aquellos de titularidad pública financiados con dinero público, centros privados, de titularidad y financiación privadas y centros concertados, de titularidad privada, pero sostenidos con fondos públicos. Ese híbrido que es la enseñanza concertada responde al artículo 27.9 de la Constitución: los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. El citado precepto se encuadra en el elenco de derechos fundamentales. Por tanto, el sostenimiento público de centros docentes privados que se ajusten a lo dispuesto por la Ley no es una mera declaración retórica. Es un derecho que goza de la mayor protección jurídica.
En todo caso, el modelo de conciertos no es el más satisfactorio desde el punto de vista de la calidad y de la libertad de enseñanza, reconocida esta última en el artículo 27.2 de la Constitución. La libertad de enseñanza tiene dos caras, la de creación de centros docentes y la de elección de centro docente. Esta última podemos decir que está garantizada. Sin embargo, la libre elección de centro docente ha resultado hasta ahora una quimera, y seguirá siéndolo mientras en España no haya una igualdad de trato en la financiación de la enseñanza pública y privada, y esa igualdad de trato, garantizada constitucionalmente en un país tan admirado por la "progresía" como es Holanda, tiene un mecanismo perfecto para su consecución: el cheque escolar.
El cheque escolar es la cantidad de dinero que cada alumno recibiría del Estado, directamente en el caso de los mayores de edad, o a través de sus padres, en el caso de los menores, para que con ese aval económico pueda hacerse efectiva la libre elección de centro. ¿Por qué las Administraciones Públicas no facilitan que los alumnos menos pudientes puedan acudir a los centros privados? ¿No es moralmente admirable que con el dinero público se permita el acceso del que lo quiera, a los mejores centros de enseñanza?
El cheque escolar sería la mejor inversión de las Administraciones Públicas en educación:
1) Fomentaría la competencia entre centros privados y públicos: los de más calidad, se llevarían los alumnos.
2) Haría efectivo el derecho a la libertad de enseñanza.
3) Se reduciría el gasto público en materia educativa, y no por dejar de atender este ámbito, sino porque se gastaría en la enseñanza pública lo que los ciudadanos demandaran, esto es, las Administraciones sostendrían los centros públicos elegidos por los alumnos o sus padres, y el resto del gasto, iría a los cheques escolares de los alumnos que libremente prefieran la enseñanza privada.
Para los políticos intervencionistas este modelo de libertad en la enseñanza, es muy incómodo, porque les resta los poderes y controles que a modo de espada de Damocles tienen a día de hoy sobre los centros concertados.