http://www.madridpress.com/home/DetallNews.jsp?id=20920&static=0 EL PSOE ANUNCIA UNA QUERELLA
Un empresario acusa al alcalde de Parla de sobornarle para financiar su campaña electoral a cambio de suelo
Pedro Antonio García Muñoz, un empresario inmobiliario que trabaja para varias constructoras madrileñas, ha presentado una querella criminal contra el alcalde de Parla, el socialista Tomás Gómez, y contra dos de sus miembros del equipo de Gobierno municipal, Wigfredo Jurado y José María Fraile, por un presunto delito de cohecho.
El querellante acusa al regidor y a los dos ediles de haberle sobornado para financiar, entre otras actividades, la campaña electoral del PSOE para las elecciones municipales del pasado mes de mayo, a cambio de adjudicarle terreno público para la edificación de viviendas de protección oficial.
La denuncia, presentada el pasado 17 de octubre, fue admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 18 de Madrid el 10 de diciembre, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Parla rechazara la inhibición del caso que el magistrado de Madrid hizo en su favor. Este miércoles los tres imputados prestarán declaración ante el juez que investiga el caso.
"COLABORACIONES OBLIGATORIAS"
En el documento, facilitado en rueda de prensa por la abogada del empresario, Susana Piña, se pone de manifiesto que entre mayo de 2002 y enero de 2003 García Muñoz, en calidad de administrador de la empresa Inter Top Press S.L. y en representación de un grupo de entidades dedicadas al negocio de captación y promoción de suelo urbano, inició contactos con el Ayuntamiento de Parla para concurrir a los concursos de adjudicación de los proyectos urbanísticos de los desarrollos PAU-4 y Comercial Parla Este para construir 11.200 viviendas de protección oficial.
En dichas conversaciones, el edil de Urbanismo, Wigfredo Jurado, y el de Hacienda -y primer teniente de alcalde-, José María Fraile, le indicaron que para poder acceder a la adjudicación de alguna parcela "debería colaborar generosamente con actividades, tanto de índole interno como externo, como gesto de entendimiento para situar los intereses de sus representados por encima del resto de licitadores".
De este modo -siempre según reza la querella-, los ediles propusieron al empresario una serie colaboraciones "obligatorias" con las actividades del grupo socialista de Parla para poder alcanzar el terreno público. Presuntamente, se le pidió que financiara con 30.000 euros la primera Convención Municipal del PSOE de la localidad, a la que asistiría el secretario general de la formación política, José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, se le ofreció la sponsorización de ciertos eventos deportivos en el municipio, con una aportación de 330.000 euros, y se le pidió la contratación ficticia en su empresa de un tío del alcalde por un periodo de tres años, a razón de 1.700 euros mensuales. García Muñoz asegura que fue requerido para que "colaborase" con 120.000 euros para la realización de un vídeo y de un reportaje electoral para la formación.
En el documento admitido por el juez se cifran hasta 11 supuestos casos de cohechos, que, según señaló Piña, su patrocinado "siempre rechazó", excepto en uno de los casos. En este sentido, explicó que en julio de 2002, y tras haberse celebrado el primer concurso de adjudicación de suelo en dichos desarrollos, su cliente, visto que si no colaboraba no obtendría terrenos, decidió donar 50.000 euros para alquilar 225 autobuses para la campaña "Hospital en Parla Ya".
ENTREGÓ 50.000 EUROS
Según la letrada, con dicho "gesto de colaboración", el querellante permitió que los integrantes de la plataforma ciudadana en pro de la ubicación de un centro sanitario en la localidad pudieran trasladarse hasta la Puerta del Sol para manifestarse frente al edificio que alberga la sede del Gobierno regional. A pesar de ello, dice, no obtuvo su cliente no obtuvo "ningún beneficio".
Para Piña estos hechos constituirían un delito de cohecho con el que los imputados "limitaron la libre competencia de empresas", ya que, a su juicio, "quien no pueda hacer frente a esas aportaciones queda automáticamente excluido de los concursos de adjudicación". Del mismo modo, estima que este tipo de prácticas "repercuten en el precio de viviendas destinadas a personas menos favorecidas".
Finalmente, la abogada, en representación de su cliente, que no pudo asistir a la comparecencia "por sentirse indispuesto" -según indicó Piña-, exigió al juez que investigue "cómo se financian determinadas actividades por parte del Ayuntamiento de Parla", y que averigüe "por qué se está extorsionando a los empresarios" en ese municipio.
PSOE: "TRAMA MAFIOSA"
Por su parte, el grupo municipal socialista de Parla anunció que presentará una querella "por verter injurias y por interponer una denuncia falsa" contra el empresario Pedro Antonio García Muñoz.
En declaraciones a Europa Press, el concejal de Urbanismo, Wigfredo Jurado -que figura como imputado en la causa iniciada por García Muñoz-, aseguró que la querella interpuesta por el empresario es "una barbaridad", además de "rotundamente falsa", y sostuvo que integra una "trama mafiosa" en contra del equipo de Gobierno del municipio.
Según explicó Jurado, el querellante "jamás se ha presentado a un concurso de adjudicación de suelo del Consorcio Urbanístico de Parla Este". Además, aseguró no conocer al empresario en cuestión, con el que, insistió, ningún miembro del Ejecutivo local ha tenido nunca una reunión.
"Se trata de unas acusaciones falsas que tendrán su oportuna contestación judicial a partir de esta misma tarde", afirmó el edil de Urbanismo, quien añadió que el grupo municipal socialista iniciará "acciones legales muy contundentes contra el querellante y contra su abogada", Susana Piña.
Por otra parte, Jurado explicó que el Consorcio Urbanístico de Parla Este está integrado por la Comunidad de Madrid, en un 55 por ciento, y por el Ayuntamiento de la localidad, en un 45 por ciento.
Del mismo modo, apuntó que el órgano que en su momento decidió la adjudicación de dos de los concursos de edificación previstos está integrado por los ex directores generales del Suelo y de Arquitectura y Vivienda de la Administración autonómica, José María Erenas y Amalia Castro, respectivamente ; por el ex concejal de Urbanismo de Parla, Ángel Esteban Sastre (PSOE) y por la portavoz del grupo municipal del PP, María Rosario Carrasco.
Según puso de manifiesto, estas personas son las que "hacen suyos los informes de adjudicación" y, por tanto, de las que depende esta decisión, por lo que resulta "una barbaridad" afirmar que permiten casos de cohecho en las concesiones de los contratos.
"No se puede entender una barbaridad tan espeluznante", insistió Jurado, quien, tras mostrarse "indignado", recalcó que la acción de García Muñoz forma parte de una "trama mafiosa" contra el Gobierno municipal de Parla.