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El arruinado Ayuntamiento de Parla deberá reintegrar, por un importe cercano a los 10 millones de euros, los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) pagados durante los últimos ejercicios por los propietarios de terrenos en el PAU-5 que fueron cobrados como urbanos en lugar de rústicos.
Esto supone un duro mazazo a las maltrechas y arruinadas arcas municipales parleñas, pues Parla es el tercer Ayuntamiento más endeudado de toda España.
Según fallo del Tribunal Supremo en sentencia de marzo de 2015, el plan parcial de la zona aprobado en 2008 fue declarado nulo, por lo que el Gobierno local tendrá que dar marcha atrás y dotar presupuestariamente una cantidad que podría llegar a alcanzar los 10 millones de euros sumando el importe total más los intereses legales, ya que el Catastro ha confirmado la naturaleza rústica de dichas parcelas.
La zona conocida situada junto a la autovía A-42, está formada por una parte privada que agrupa a 300 propietarios, incluidos particulares, pequeñas, medianas, grandes empresas y entidades financieras.
El pasado día 30 de agosto, el Consejo Rector de la Junta de Compensación de dicho sector, aprobó por unanimidad reclamar la devolución de todos los recibos del IBI desde el año 2007. Según Miguel Ángel López, abogado que ha encabezado las acciones legales sobre este asunto en nombre de varios titulares de suelo, el Ayuntamiento “no va a recurrir contra la decisión tomada por el Catastro” de volver a calificar como suelo rústico todo el sector a efectos de IBI y “se ha comprometido a facilitar los trámites centralizándolos a través de la Oficina Municipal de Gestión Tributaria”.
López ha conseguido que los ministerios de Hacienda y Justicia reconozcan lo exigido por vecinos y empresarios que acudieron a su despacho en 2016. Según el jurista parleño, especializado en derecho administrativo y tributario, “los diferentes gobiernos locales socialistas y populares hicieron caso omiso y siguieron exigiendo el pago del IBI como urbano” e incluso “embargaron cuentas bancarias a pesar de que el plan parcial de 2008 que afecta a la zona fue declarado nulo por el Tribunal Supremo en marzo de 2015”.
El Ayuntamiento de Parla generó recibos de mayor importe pese a ser conocedor de las sentencias judiciales
La primera reclamación sobre el pago del IBI como rústico en lugar de urbano comenzó con un recurso presentado por Eroski al considerar que el planeamiento urbanístico del PAU-5, aprobado por el Ayuntamiento en 2008, era nulo al no existir un informe de impacto ambiental tal como exige la normativa europea. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a dicha empresa en 2012 y tumbó ese plan parcial.
De esta forma, todas las parcelas situadas en ese desarrollo volvían a contar con la calificación de rústicas, por lo que el Consistorio parleño no podía cobrarles el IBI como si fueran urbanas. Durante los últimos meses, el sector de ediles del grupo municipal fiel al actual alcalde, Luis Martínez Hervás, viene afirmando que “algunos terratenientes no querían pagar el IBI” de acuerdo a presuntos “privilegios” que habrían recibido de anteriores gobiernos del PSOE.
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