http://madridparla.blogspot.com/2019/01/casado-propone-una-ley-antiokupas-para.html
Pablo Casado ha presentado una novedosa ley antiokupas dirigida a los propietarios que sufren la ocupación de su vivienda y las demoras de las órdenes judiciales para el desalojo. Según esta nueva proposición de ley de los populares, el dueño del inmueble podrá llamar a la policía en el momento que descubra que han ocupado su propiedad para que echen a los usurpadores en el acto.
Para ello, sólo será necesario que el propietario presente el título de propiedad que demuestre a los policías a quién pertenece la vivienda.
De este modo, los okupas tendrán de 12 a 24 horas para abandonar el domicilio okupado y, en el caso de que no accedan a irse, la policía podrá derribar la puerta para proceder a desahuciarlos y, automáticamente, pasar a detenerlos.
El PP pretende que la okupación de una vivienda sea considerada como un delito penado con entre 1 y 3 años de prisión y que la policía pueda desalojar a los okupas en 24 horas.
La propuesta se incluye en una proposición de ley que implicaría una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que ampliaría la realizada el año pasado para el desahucio exprés.
Los okupas no podrán "hacer morada"
La propuesta popular, ha explicado Casado, pretende que la "usurpación de un bien" como la vivienda pase a ser considerado delito, con penas previstas de prisión de 1 a 3 años. También, que los inmuebles ocupados no tengan condición de domicilio, para que no se puedan empadronar en esas viviendas quienes no estén autorizados por los propietarios; o que personas jurídicas también puedan hacer este tipo de acciones, ante la "estimación de que un 25 % de vivienda de bancos o inmobiliarias están ocupadas".
En este sentido, se desprende que los okupas ya no podrán alegar que han hecho "morada". La actual ley de desahucio express contempla que si el okupa lleva más de 24 horas en el domicilio y ha introducido muebles, puede declarar la vivienda okupada como "morada", con lo cuál, el propietario ya debe recurrir a una orden judicial que se suele retrasar desde los seis meses hasta un año.
En cuarto lugar, propone que las comunidades de propietarios también se puedan personar y tomar medidas como tapiar la puerta del inmueble ocupado; y, por último, con esta modificación "en menos de 24 horas, y a partir de 12 horas, las fuerzas del orden podrán, con autorización pertinente, echar a los ocupas", ha relatado, para "agilizar" el proceso. Para Casado, con esta medida se podrá garantizar la propiedad privada, la seguridad y tranquilidad del vecindario y recuperar el mercado del alquiler.
En todo caso, ha matizado que "aquellas personas que, después de haber alquilado, tengan un problema económico, por cuestiones sociales o pérdida de empleo, no van a ser consideradas okupas". Y ha incidido que "cuando el artículo 18 de la Constitución habla de intimidad domiciliaria, no es para los okupas, sino para quien está alquilado legalmente. No podemos considerar que los okupas tengan la intimidad, protección y barreras para acceder a la vivienda que plantea la Constitución".
Casado ha defendido que se trata de un mecanismo "legal, eficaz, social y muy pegado a la seguridad ciudadana" y ha argumentado que se presenta esta reforma en Badalona porque en grandes ciudades como ésta "hay miles de viviendas okupadas".
Casado ha cargado contra los ayuntamientos que "toleran" estas situaciones, apuntando a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la de Madrid, Manuela Carmena, y el resto de los "mal llamados alcaldes del cambio", que a su juicio "están permitiendo la okupación con la misma impunidad que permiten manteros, agresiones ciudadanas, quema de vehículos o impiden que la policía actúe".
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