Cómo denunciar el ´dinero negro´

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¿Cómo denunciar el ´dinero negro´ en la venta de casas?


Imagine que quiere comprarse una vivienda y que su propietario se compromete a vendérsela por una cantidad determinada. Imagine también que de ese importe el vendedor le exige que una serie de euros se los entregue en ´dinero negro´, es decir, en billetes de los que se pasan por debajo de la mesa para evitar declararlos. Y que usted, automáticamente, declina la propuesta.

Pero, ¿qué puede hacer para denunciar esta situación?

El camino de la reclamación ante exigencias de pagos en ´b´ tiene tres puertas a las que llamar: la Agencia Tributaria, las organizaciones de consumidores y la Comunidad de turno. Y una dificultad común a todas ellas, que no es otra que la falta de pruebas palpables.

La vía de la Agencia Tributaria suele ser la más transitada. «Las denuncias se tramitan confidencialmente ; ni siquiera al que la presenta se le comunica cuál ha sido el resultado de la inspección», comentan desde del organismo fiscal. La notificación de queja puede presentarse en cualquiera de sus delegaciones o administraciones o a través de Internet (´www.aeat.es´) por medio de un formulario ´on line´.

Datos y hechos

«El documento debe contener el mayor número de datos conocidos que sean necesarios para la identificación, por el órgano inspector, de las personas denunciadas, como el nombre y los dos apellidos o la denominación social en el caso de personas jurídicas, NIF, domicilio, etcétera», explican las mismas fuentes citadas. «Deberán concretarse suficientemente los datos y hechos y, si fuera posible, acompañar la documentación de que se disponga para acreditarlos», agregan.

La Ley General Tributaria contempla como fraudulenta «(...) la llevanza de contabilidades distintas que no permitan conocer la verdadera situación». Según la interpretación de la Agencia, la petición de dinero de forma ilícita se situaría bajo este supuesto.

Las sanciones fiscales se establecen en función del importe y de los medios utilizados. Parten de los 3.000 euros para los casos considerados leves y se incrementan a medida que lo hace la gravedad de los mismos.

Las organizaciones que velan por la defensa de compradores y usuarios son otra de las opciones disponibles para protestar ante este tipo de abuso inmobiliario. «El problema es la falta de pruebas», explican en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Éstas, según el gabinete jurídico de la Federación de Consumidores en Acción (Facua), se pueden obtener de dos maneras: «Que se haga la propuesta de exigencia de ´dinero negro´ delante de un notario y que se grabe la conversación en vía pública, nunca en el interior de viviendas ni de locales». «En cualquier caso, muy complicado», reconocen.

Investigación

Ante la falta de indicios, también existe la posibilidad de hacer un escrito denunciando la situación que incluya «el máximo de detalles posible». «Si se hacen diversas denuncias contra una misma persona o inmobiliaria, la organización que las recibe las presenta ante la Fiscalía para que se investigue el hecho», explican en dicha agrupación.

Finalmente, está la opción de acudir a los responsables de esta materia en la Comunidad en la que se encuentre la vivienda de marras. En Madrid, la queja se tiene que hacer audible en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda (situada en la calle de Maudes nº 17). Sin embargo, aquí sólo se atienden cuestiones relacionadas con casas bajo régimen de protección oficial.

Según apuntan desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio madrileña, el procedimiento consiste básicamente en «rellenar un formulario de denuncia explicando que al reclamante se le ha exigido un sobreprecio y aportando todos los datos posibles».

«Si se detecta la existencia de un intento de fraude en viviendas de protección oficial, la Comunidad podría ejercer el derecho de tanteo, comprándola al precio oficialmente fijado», señalan en el Ejecutivo regional.

En ese supuesto la casa podría volver a adjudicarse y, en función de los casos, el denunciante podría adquirir un grado preferente en el proceso. Sin embargo, según reconocen en el propio Gobierno madrileño, «en muchas ocasiones nunca se resuelve».