Explicación de presupuestos aprobados

Vamos a ver. Yo entiendo perfectamente que haya gente que sienta que vivir en una comunidad es como estar en una pequeña república bananera. Porque a veces lo parece. Cuatro se ponen de acuerdo, levantan la mano, y el resto a pagar. Y claro, uno se indigna.

Ahora bien, decir que la Ley de Propiedad Horizontal es una dictadura… eso ya es otra cosa. La ley, en sí misma, no está pensada para aplastar a nadie. Está pensada para que un edificio funcione. Porque cuando hay zonas comunes, tejado, ascensor, fachada… alguien tiene que decidir. Si no, aquello sería el caos.

¿Qué pasa? Que muchas veces no falla la ley, falla cómo se usa. Falla el presidente que se eterniza, el administrador que informa lo justo, los vecinos que no van a las juntas y luego protestan en el ascensor. Y así se crea esa sensación de rodillo.

La norma, guste más o menos, establece mayorías distintas según lo que se acuerde. No todo vale con levantar la mano y ya está. Y si un acuerdo es ilegal, abusivo o perjudica gravemente a un propietario, se puede impugnar. El problema es que impugnar cuesta tiempo, dinero y energía. Y ahí es donde muchos tiran la toalla.

Yo le doy mi opinión: no es una ley vomitiva. Es una ley imperfecta, como casi todas, y muy dependiente de la calidad democrática real de cada comunidad. Donde hay transparencia y sentido común, funciona razonablemente bien. Donde hay opacidad y pasotismo, se convierte en un pequeño cortijo.

Si hay algo concreto que le haya ocurrido, cuéntelo. Porque muchas veces lo que parece una imposición sin remedio tiene recorrido jurídico. Y otras veces, siendo honesto, lo que hay es una mayoría legítima que decide algo que a uno no le gusta. Y eso también forma parte de vivir en comunidad.

En cuanto a la Ley de Propiedad Horizontal, cualquier propietario tiene derecho a conocer y revisar la documentación que respalda las cuentas de la comunidad. El administrador está obligado a mantener esta documentación a disposición de los vecinos, y las cuentas deben aprobarse acompañadas de sus justificantes: facturas, contratos, recibos, etc. No sirve simplemente presentar presupuestos; los gastos deben estar respaldados por documentación real.

Si las cuentas se aprueban sin la debida justificación o incluyen partidas incorrectas, se puede impugnar el acuerdo en un plazo de tres meses desde su notificación (un año si el acuerdo va contra la Ley o los estatutos), siempre que se esté al corriente de pago o se consignen las cuotas pendientes. El acceso a la documentación no se limita al día de la junta: se puede solicitar verla en la administración en horario razonable, con cita previa.

Qué se puede hacer: enviar un requerimiento formal al administrador y al presidente, pidiendo cita para revisar facturas, certificaciones de obra y justificantes de las “dos terrazas” pintadas, preferiblemente mediante burofax o correo electrónico con acuse. Solicitar que en la próxima junta se incluya en el orden del día la rendición detallada de cuentas con soporte documental, la regularización de gastos no presupuestados y la organización de turnos para consultar documentos.

Si la negativa persiste, se puede pedir una auditoría de cuentas si la junta lo aprueba por mayoría simple, o impugnar judicialmente el acuerdo de aprobación de cuentas por falta de documentación. También existe la opción intermedia de solicitar ver o recibir copias parciales de facturas y certificaciones de obra por encima de cierto importe, respetando la protección de datos personales.

1) El administrador tiene razón. Le ha dicho que las explicaciones se piden y se dan en la junta de propietarios y no a nivel individual, a cada propietario que lo solicite.

Las de obras pasadas se dieron en la Junta anterior y las recientes se darán en la próxima junta. 

¿Eso es falta de transparencia?

2) El consultante dice que se han hecho actuaciones que no estaban incluidas en el presupuesto, no al revés. 

Como siempre, su infinita animadversión le nubla totalmente el juicio.