LA TRAMPA DE LAS AYUDAS A LA VIVIENDA

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Llama la atención que una caída del 60% de las ventas de viviendas en los últimos ocho meses, y un aumento de los stocks hasta en 500.000 unidades, no sean motivos suficientes para que los precios empiecen a remitir drásticamente.

Incluso, como reflejan las estadísticas del Gobierno, los pisos se han encarecido un 4% en el primer trimestre. Considerando que el Banco de España hace tiempo que alerta de una sobrevaloración de la vivienda de hasta el 30%, algo en lo que coincide el FMI, lo lógico sería pensar que la oferta, y con ella los precios, se deberían ajustar a las condiciones de la demanda.

Máxime, cuando alguna inmobiliaria ha tenido la sinceridad de entonar un mea culpa por la situación en la que se encuentra el sector: "Hemos subido mucho los precios de las viviendas y hemos expulsado a los potenciales compradores del mercado".

Por ello, es injustificable la petición de ayuda que los promotores hacen al Gobierno, con algún tinte de amenaza, para que les saque las castañas del fuego. Los promotores condicionan las eventuales rebajas de precios a que el Ejecutivo establezca un sistema de subsidios en la financiación de la vivienda libre, confiriéndole un carácter de semiprotegida, de forma que el Estado asuma el sobrecoste si los tipos de interés exceden un determinado tope.

No menos curiosa es la argumentación de los promotores: “si nosotros no vendemos, Hacienda no obtiene ingresos y, además, tendrá que pagar subsidios de paro. (...) Aunque nadie lo crea, lo que más nos preocupa en estos momentos es el empleo”. Todo ello resulta inaudito. ¿Acaso no se animaría más de uno a comprar su vivienda si le hicieran una rebaja, por ejemplo, del 20% o del 30%? Como dice Greenspan en su reciente libro de memorias, “no hay nada como unas rebajas para estimular la demanda”.

En una genuina economía de mercado, la principal función de los precios es actuar como indicadores de escasez o de sobreoferta. Si el encarecimiento de los inmuebles reflejó en su día un exceso de demanda, el estancamiento es el síntoma ahora de un exceso de oferta. Eso es lo que ahora debe purgar el mercado, que si para algo debe servir también es para evitar que pervivan artificialmente los operadores más ineficientes.

Los promotores aspiran a un inaceptable intervencionismo que altere los mecanismos de ajuste del mercado, que tendría como principales perjudicados a los propios contribuyentes, por la ineficiente asignación de los recursos públicos. Ya de por sí son cuestionables los nuevos incentivos para espolear la construcción de VPO, cuando lo que sobra en este momento es un millón de viviendas.

Pero lo que en modo alguno debe permitirse es que el Estado se rasque el bolsillo en lo que en la práctica supondría una transferencia de rentas a aquellas promotoras e inmobiliarias que, pensando que la época de vacas gordas no tendría fin, se lanzaron a ambiciosos e imprudentes planes de expansión, con una producción excesiva de viviendas a precios desorbitados, menospreciando las alertas de una previsible crisis a poco que subiesen los tipos de interés, una tendencia que comenzó ya en 2006.

Otra cosa sería que el Gobierno emprendiera una saludable liberalización del suelo, o que el sistema financiero diera un respiro a las empresas. No son soluciones proteccionistas del ladrillo las que necesita la economía española para recuperar la confianza, la inversión, y estimular un nuevo modelo de crecimiento sostenido.