Los juicios por usurpación de viviendas y fincas se disparan casi un 40% en solo un año
La Fiscalía se propone poner coto a los okupas que convierten en su hogar las segundas residencias o viviendas en desuso. Con la orden de desalojo que impondrán los fiscales antes de que el caso vaya a juicio, los propietarios tienen la garantía de recuperar el inmueble aunque hayan pasado 48 horas del asalto, plazo que fija la ley para que la Policía pueda expulsar a los asaltantes. En lo que va de año, casi 500 viviendas fueron ocupadas de manera ilegal en Galicia, si bien apenas de la mitad de las usurpaciones fueron denunciadas. En 2019, llegaron a los tribunales gallegos un total de 399 delitos de usurpación -incluyen tanto las ocupaciones de viviendas como las alteraciones de lindes-, lo que supone un 38,5% más que los 288 detectados en 2018, según datos de la Fiscalía Superior de Galicia. En los últimos años el grueso de este tipo de delitos lo copaban los cambios de marcos en las fincas de la comunidad, pero con el creciente fenómeno okupa en la balanza tienen cada vez más peso los asaltos a viviendas vacías.
