TODOS LOS ESPAÑOLES TENEMOS DERECHO A DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA

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El artículo 47 de la Constitución Española dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalía que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Pero, en Madrid, tener un techo bajo el que vivir con dignidad ha dejado de ser un derecho, para convertirse en un inaccesible privilegio. El precio de la vivienda ha crecido desorbitadamente sin que las administraciones públicas hayan puesto freno a su escalada. Al contrario, las políticas de los últimos años han impulsado la subida especulativa de los precios, al poner en manos de gestores y promotores privados el crecimiento urbanístico de Madrid. Como en la vieja fábula, se ha puesto a la zorra al cuidado de las gallinas.

Los ciudadanos embarcados en la adquisición de una de las más de cien mil viviendas de los PAU de la Comunidad de Madrid conocen bien la situación: interminables años de retraso en las obras de urbanización, incremento constante de los precios, incumplimiento de plazos sin que se apliquen sanciones a los gestores, viviendas terminadas que no pueden ser ocupadas, etcétera.

Las juntas de compensación, esos organismos opacos que gobiernan los PAU, hacen y deshacen sin el control de ninguna administración. Retrasan impunemente las obras de urbanización a la espera de una nueva subida de los precios. Los promotores utilizan la fórmula de la cooperativa para descargar los riesgos y las responsabilidades sobre los compradores. Incluso algunos utilizan el modelo empresarial de la comunidad de bienes para comercializar viviendas, lo que incrementa la desprotección de los compradores, que sin saberlo se convierten en autopromotores, asumiendo todos los riesgos, pero dejando al gestor la sartén por el mango.

Y mientras, las instituciones no intervienen, se excusan en que sólo son conflictos entre particulares. Como si los ciudadanos pudiéramos tratar de igual a igual con el acaudalado gestor de una junta de compensación. Como si no existiera ninguna responsabilidad pública en la decisión de privatizar la gestión de los nuevos barrios. ¿Dónde quedó aquello de que los PAU abaratarían el precio de la vivienda?

Y los futuros barrios, aquellos en los que se venden pisos desde hace años cuando aún no se ha comenzado ni a urbanizar, se encuentran también bajo el control de la gestión privada, y se enfrentan, si cabe, a una trayectoria más tortuosa. Así ocurre en el desarrollo del Sureste de Madrid, con sus 75.000 viviendas, donde el Plan de Infraestructuras, el PEISEM, está paralizado por la incompetencia y la imprevisión municipales. Y mientras ese plan de infraestructuras no se desarrolle, las viviendas no se construirán, lo que sume a los compradores en la incertidumbre de una espera interminable. Una incertidumbre con una sola certeza, los precios de las viviendas serán mucho más altos de lo que les prometieron.

Los vecinos que habiten al fin las viviendas terminadas en los PAU más avanzados se encontrarán con barrios donde brillarán por su ausencia los servicios y equipamientos fundamentales, pues apenas existen dotaciones publicas, como centros educativos, centros de salud, sociales, culturales o deportivos.

Y si para los que ya se han embarcado en la compra de una vivienda la situación es complicada, cargando con una hipoteca que absorberá casi todos sus ingresos durante la mayor parte del resto de su vida, se augura peor para los que aún no han podido adquirir una vivienda. Los precios cada vez más altos traen hipotecas cada vez más largas... 30 años, 35 años... si para un joven es complicado comprar casa, viéndose hipotecado de por vida, los que han cumplido ya los 40 ni siquiera tienen esa posibilidad de hipotecarse a largo plazo.

La subida desproporcionada de los precios de la vivienda es, año tras año, mucho mayor que la del Índice de Precios al Consumo. Y como el cálculo del IPC no considera el precio de la vivienda, nuestro poder adquisitivo real decrece a un ritmo vertiginoso sin que quede registrado en las cifras oficiales. En los últimos 17 años, el precio de la vivienda ha subido un 250%. Cada vez hay más distancia entre la capacidad económica de los ciudadanos y el precio de la vivienda, ya sea para comprarla o para alquilarla. Así, los jóvenes tienen cada vez más difícil emanciparse. ¿Qué clase de democracia es ésta en la que los poderes públicos renuncian a cumplir con los derechos fundamentales de los ciudadanos? No podemos permitirlo durante más tiempo. Y no vamos a hacerlo. Porque necesitamos soluciones urgentes ya.

Cada vez es más escaso el suelo público para la construcción de vivienda protegida. Y el que hay, se adjudica a grandes constructores y promotores, en perjuicio de las cooperativas. Estos grandes constructores mercadean con el suelo protegido a precios superiores a los legales, porque saben que el comprador final pagará por la vivienda mucho más del máximo que permite la ley. Un comprador que se ve desprotegido y chantajeado. Desprotegido porque nadie persigue el fraude. Chantajeado porque, si personalmente decide denunciar, pierde la oportunidad de adquirir la vivienda que desea.

Pero lo peor es que la opinión pública acepte esta situación con naturalidad. Como si el hecho de que el fraude se cometa a diario lo haga menos grave. El propio gobierno regional reconoce la existencia de un fraude masivo en la vivienda protegida. Pero no lo persigue. Y no sólo eso, además lo justifica, diciendo que, al precio que compran el suelo los promotores, sólo pueden obtener beneficio vendiendo con sobreprecio. Pero entonces, ¿por qué lo compran? La respuesta es sencilla, compran porque saben que nadie les perseguirá por vender las viviendas con sobreprecio.

Lo más inaudito es que existe es una administración pública que justifica y no persigue un fraude cuya existencia, sin embargo, reconoce. Una administración que afirma que, para acabar con el fraude, la mejor solución es hacer desaparecer la vivienda protegida. Y mientras está en camino esa medida, se propone elevar drásticamente su precio. De ese modo, los precios fraudulentos se legalizarán. De nuevo, la víctima es el comprador.

Mientras tanto, las viviendas de promoción pública, las que son construidas directamente por los organismos públicos, tienen una presencia simbólica. Y no es porque cuesten dinero a las arcas públicas, pues los compradores pagarán lo que cueste construirlas. Pero las administraciones no dejan pasar la oportunidad de obtener importantes plusvalías con el suelo público, ofreciéndolo al mejor postor en subastas, impulsando con ello la cadena especulativa. Mientras el suelo sea la principal forma de financiación de los Ayuntamientos y no haya una ley que impida estas prácticas, la especulación seguirá siendo promovida desde los propios organismos públicos.

Debe cumplirse estrictamente el mandato constitucional. Algo tan obvio como hacer al pie de la letra lo que dice la Constitución. Esto obligaría a las administraciones a dedicar el suelo público a la creación de viviendas públicas y económicas, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, hasta garantizar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna por un precio razonable.

La oferta de viviendas públicas de alquiler a precio accesible para los jóvenes es, en Madrid, prácticamente nula. Mientras en algunos países europeos este tipo de medidas son habituales, y los jóvenes obtienen facilidades para acceder a su primera vivienda, con alquileres públicos de coste moderado, en Madrid esta práctica es una utopía. Necesitamos un parque de viviendas públicas de alquiler urgentemente. Y no sólo para jóvenes: para todos aquellos que no pueden conseguir un techo de otro modo, pues el encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral hace imposible para un elevado porcentaje de ciudadanos tener un hogar propio.

También es necesario acabar con las viviendas vacías de nuestras ciudades. No es defendible que una de cada cuatro viviendas madrileñas esté vacía y que, mientras tanto, haya cientos de miles de personas que no pueden acceder a una de ellas. La vivienda es algo más que un objeto adquirible, es un bien escaso de primera necesidad, es un bien social que no puede ser objeto de la especulación mientras haya ciudadanos que no pueden acceder a ella dignamente.

Esta situación insostenible, que con el paso del tiempo sigue deteriorándose, es razón más que suficiente para que los ciudadanos salgamos a la calle a exigir el cumplimiento estricto de lo que dice la Constitución Española. Esa Constitución con la que los gobernantes se atacan mutuamente, intentando demostrarse los unos a los otros quién es el más constitucionalista. Pero de la que, en realidad, ignoran su contenido y espíritu. Especialmente cuando de cuestiones sociales se trata. No les conviene recordar aquellos capítulos que les obligan a luchar contra la especulación e intervenir en el mercado de la vivienda. Quizás este es el mayor problema, para muchos, la vivienda es sólo un mercado.

Por todo esto estamos hoy aquí. Más de una decena de colectivos sociales y vecinales de Madrid nos hemos reunido en esta manifestación para exigir el respeto al derecho a una vivienda digna. Ya es hora de despertar y reclamar lo que es nuestro, nuestro derecho, nuestra vivienda. No pedimos que nos regalen nada, sólo pedimos pagar el precio justo, sólo pedimos el estricto cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. Hoy, medio millón de madrileños están atrapados en un PAU o en alguno de los nuevos desarrollos repartidos por toda la Comunidad. Otro medio millón no puede acceder a una vivienda digna en su entorno.

Por todo ello:

- Exigimos la intervención pública en los PAU y en los nuevos desarrollos para acelerar las obras de urbanización de una vez. No aceptaremos más retrasos. Licencias ya. ¡Viviendas ya!

- Exigimos que se ejecuten las infraestructuras pendientes en los nuevos barrios y que se les dote de equipamientos y servicios para vivir en ellos con dignidad.

- Exigimos una política de vivienda protegida que luche eficazmente contra el fraude y las estafas.

- Exigimos que los precios de la vivienda protegida no suban por encima del IPC. Aún más, para acabar con los retrasos especulativos, exigimos medidas que congelen el precio de la vivienda cuando se supere el plazo de entrega previsto inicialmente.

- Exigimos que al menos el 50% del suelo que se declare urbanizable se dedique a vivienda protegida.

- Exigimos que, cuando se trate de suelo público, se dedique en su totalidad a la vivienda protegida de promoción pública, ya sea para su venta o alquiler.

- Exigimos que, si un promotor no construye las viviendas públicas que le corresponden en de un plazo de tiempo limitado, se expropie el suelo y sean los organismos públicos los que construyan la vivienda protegida en su lugar.

- Exigimos una política fiscal que sancione la posesión de viviendas vacías, incrementando las cuantías cuantas más viviendas se posean, y que paralelamente desgrave el alquiler para fomentarlo.

Todas estas exigencias no se termina hoy y aquí. Lo seguiremos pidiendo mientras no se nos den soluciones. Y lo haremos cada vez con más fuerza, cada vez con más voces, porque cada vez somos más los que tomamos conciencia del alcance de este problema, porque cada vez son más las víctimas de la especulación que no pueden acceder a una vivienda con dignidad. Se terminó la sumisión al dictado del especulador.

Para que el DERECHO A TECHO de todos los ciudadanos se cumpla de una vez. No vamos a permitir más abusos y estafas. No vamos a aceptar durante más tiempo que unos pocos se enriquezcan sin límite a nuestra costa. Hasta aquí hemos llegado. STOP a la ESPECULACIÓN.