Extraido de
http://www.dsalud.com/radiaciones_noticias.htm ACCIONES JURÍDICAS CONTRA LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS Y DE
TELEFONÍA NÚMERO 76 / OCTUBRE / 2005
El pasado mes animamos en nuestro editorial a quienes
viven cerca de torres de alta tensión, centros de
transformación y antenas de telefonía a denunciar ese
hecho en los juzgados porque la manida argumentación de
que no hay evidencias científicas de su peligrosidad ha
dejado de ser válida hoy: jurídicamente han de ser las
compañías de electricidad y telefonía las que aporten la
"carga de la prueba", las que demuestren científicamente
su inocuidad y que las radiaciones y campos
electromagnéticos no afectan a la salud. ¡Algo que no
han podido hacer jamás! E insistimos en que así lo
determina el Tribunal Europeo de Justicia y los jueces
españoles que han emitido las más recientes sentencias
sobre ello en nuestro país. En todos los casos
mencionados basta que alguien demuestre tener problemas
de salud que no puedan objetivamente achacarse a causa
conocida alguna y estar sometido a una fuente de
radiación electromagnética para que deba aplicarse en su
caso el Principio de Precaución. Sólo la desidia y
complicidad de las autoridades locales, provinciales y
nacionales -plenamente informadas y conscientes de lo
que está pasando pero decididas a proteger a toda costa
a las empresas del sector en aras de un mal entendido e
injustificado desarrollismo- ha llevado a los ciudadanos
a no dejarnos otra opción que inundar los juzgados de
denuncias. Pues bien, tal como prometimos el mes que
viene les explicaremos qué deben hacer exactamente.
IBERDROLA, OBLIGADA A CERRAR UN TRANSFORMADOR
NÚMERO 77 / NOVIEMBRE / 2005
El Juzgado de Primera Instancia de Murcia dictó en abril
del 2001 una sentencia -que luego corroboraría la
Audiencia Provincial- ordenando el cierre de un
transformador de Iberdrola situado en los bajos de una
vivienda a causa de los campos electromagnéticos que
generaba. De acuerdo con la prueba practicada el campo
magnético era permanente y superior a un microtesla
llegando a alcanzar en algunas horas del día los 4
microteslas.
Los jueces determinaron en la sentencia que el campo
electromagnético constituía una "inmisión" "que puede
ser conceptuada -se explicaba- como ´aquellas
actividades que, desarrolladas por personas dentro del
cambio de su esfera dominical o de su derecho de goce,
excedan de los límites normales de tolerancia
proyectando sus consecuencias sobre la propiedad de los
otros, perturbando su adecuado uso y disfrute"
(sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25
de noviembre de 1998). Añadiendo que en estos casos es
la empresa la que tiene que probar la inocuidad de las
radiaciones. De hecho, en ella se dice textualmente lo
siguiente: (...) Lo que nos hemos de plantear es la
razón por la cual un ciudadano, una vez adquirida una
vivienda, tenga que soportar los campos
electromagnéticos que sean producidos por parte de una
subestación que se encuentra debajo de la misma, campos
éstos que, de conformidad con el informe pericial y
según estudios recientes, producen efectos biológicos
por debajo de las medidas que se encuentran en el piso
en cuestión y que está por ver si tales efectos
biológicos son o no perjudiciales para la salud de los
humanos, generando con ello el normal y elemental
desasosiego en los moradores de las viviendas donde se
introducen los mismos. En tales supuestos, y de acuerdo
con la doctrina anteriormente citada, es procedente la
aplicación del principio de inversión en la carga de la
prueba en lo que se refiere a la acreditación clara y
terminante de la inocuidad de los campos magnéticos".
Y algo muy importante: la sentencia entiende que el daño
causado además no tiene por qué ser necesariamente
físico. "Hay que destacar -puede leerse en ella- que si
bien es cierto que no existe prueba actual de daño
físico alguno no lo es menos que se puede derivar la
existencia de un daño moral que viene constituido y
fundamentado en el elemental y normal desasosiego e
intranquilidad que surge en unas personas por la
posibilidad de que en donde desarrollan los elementos
más esenciales de su vida, esto es en su vivienda, se
están produciendo una serie de emisiones que pudieran
ser nocivas para la salud, tanto de ellos como de sus
hijos. Circunstancias todas estas que tienen un difícil
encaje con lo previsto tanto en el art. 15.1 de la
Constitución Española (derecho a la vida y a la
integridad física), 18.1 y 2 (derecho a la intimidad
personal e inviolabilidad del domicilio) y art. 45.1 3
del mismo texto legal (derecho a disfrutar del medio
ambiente y obligación de reparar los daños causados
contra este medio ambiente)".
El tribunal, incluso, amplió los argumentos jurídicos de
la demandada: "Si bien esta normativa no ha sido alegada
parece lógico considerar que a la cuestión debatida le
es susceptible de aplicación la Ley General Consumidores
y Usuarios (LGCU), Ley 26/1984 de 19 de Julio". Es
decir, que también en el caso de los campos
electromagnéticos los posibles demandantes pueden
argumentar su condición de consumidores puesto que la
electricidad es un servicio y los vecinos sus
consumidores. "Y si, por lo tanto, es de aplicación la
LGCU -dice la sentencia- hay que significar que cuando
en el art.2.1 se enumeran los derechos de los
consumidores y usuarios, lo que es la indemnización por
´los daños y los perjuicios ocasionados´ aparece tan
sólo en tercer lugar, por cuanto resulta que el primero
de estos derechos es ´la protección contra los riesgos
que puedan afectar a la salud o seguridad´. Esta
terminología es reiterada en el art.3 de la Ley 4/1996
de 14.6.96 por el que se aprueba el Estatuto de los
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia pero
añadiendo ´concebida aquella de forma integral,
incluyendo por lo tanto los riesgos que amenacen el
medio ambiente y la calidad de vida´. De este modo, el
primer derecho que tiene el consumidor o usuario es el
de que se adopten medidas puramente preventivas que es
lo que, con carácter principal, se pide en esta demanda
y que no es otra cosa que la casa esté libre de campos
electromagnéticos que pudieran ser perjudiciales para la
salud".
En suma, el transformador fue cerrado una vez la
sentencia, apelada por la compañía, fue ratificada -con
alguna mínima corrección- por la Audiencia Provincial.
Pues bien, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
acaba de rechazar el pasado 4 de octubre el recurso que
presentara Iberdrola declarando firme la sentencia.
La demanda fue presentada en febrero de 1998 por
Francisco Hernández Rodríguez y María Teresa González
Guillén y el abogado que ha ganado el caso es José Luis
Mazón. Y es justo decir que gracias al esfuerzo y tesón
de los primeros y a la profesionalidad del segundo así
como a la independencia de los jueces que en este caso
han dictado las sentencias es evidente que los abusos de
las compañías de electricidad y telefonía en España van
a acabarse. Basta con que los ciudadanos ejerzan sus
derechos y las autoridades cumplan con su obligación.
Nos congratulamos.
IBERDROLA REMODELA EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE
MAJADAHONDA QUE NO NECESITABA REMODELACIÓN
NÚMERO 78 / DICIEMBRE / 2005
Palabras y más palabras. Es lo único que por el momento
han conseguido de las autoridades locales y de la
Comunidad de Madrid los vecinos que antes del verano
denunciaron ante la Fiscalía de Medio Ambiente que desde
1984 hasta hoy se han producido 43 muertes -26 por
cáncer y 17 por infartos o problemas cardiovasculares-
en tan sólo cinco bloques de viviendas de apenas cuatro
pisos ubicados a muy pocos metros de un transformador de
Iberdrola y de una enorme antena de telefonía móvil.
Pues bien, mientras se conoce la decisión de la Fiscalía
ambas compañías han procedido a realizar en las últimas
semanas obras de gran envergadura en ellas. El pasado 25
de septiembre, en pleno domingo, días después de que
Iberdrola y el Ayuntamiento declararan públicamente que
todo estaba bien una brigada de trabajadores -nada menos
que 9 operarios- cortó la Travesía San Joaquín de
Majadahonda sin permiso municipal y -según testimonio
posterior de los vecinos ante la Fiscalía- durante ¡13
horas! estuvieron trabajando en el interior de la
instalación del transformador sacando gran cantidad de
cables y materiales viejos y sustituyéndolos por otros
nuevos. Durante esas horas también estuvieron trabajando
allí quienes en apariencia eran técnicos de la compañía.
Los vecinos avisaron tanto a la Guardia Civil como a la
Policía Municipal que no tomaron ninguna medida
limitándose a levantar acta de lo que allí se estaba
haciendo. También en esas fechas la compañía telefónica
abría un enorme agujero en el suelo e instalaba una
especie de búnker de hormigón por donde en teoría -por
los agujeros que presentaba- debían salir los cables del
edificio de la antena. Según lo que escuchó uno de los
comerciantes de la zona querían disminuir la potencia de
emisión de la antena.
Dos días después, el 27 de septiembre, el pleno del
Ayuntamiento de Majadahonda aprobaba por unanimidad -hay
que tener desfachatez- una resolución para que se
abriese una investigación sobre el asunto pero la
realidad es que desde entonces no se ha hecho
absolutamente nada. Ni se ha investigado ni se les ha
proporcionado a los vecinos un solo dato sobre la
situación de las antenas y el centro de transformación.
Es más, el pasado día 3 de noviembre la Teniente de
Alcalde y concejala de Urbanismo, Carmen Menéndez,
recibió en su despacho a los dos denunciantes sin que la
reunión se tradujera en nada concreto. Y del grado de la
investigación sirva como muestra que la concejala les
manifestó que ni siquiera tenía conocimiento de que
tanto Iberdrola como Telefónica habían hecho grandes
remodelaciones. Claro que ese centro de transformación y
la antena se encuentran a la enorme distancia de ¡120
metros! del Ayuntamiento y eso lo explica. Eso sí, la
teniente de alcalde tuvo tiempo para acusar a esta
revista ante los vecinos de "provocar alarma social" por
denunciar las muertes ocurridas y la incompetencia de
las autoridades locales para evitarlo a pesar de las
reiteradas peticiones efectuadas por algunos vecinos
desde hace años.
Los miembros de la oposición municipal han citado a los
vecinos el 2 de diciembre para debatir la situación.
Mientras, ante la inacción de las autoridades, una
persona más del entorno del transformador -aunque no de
los edificios detallados ante la Fiscalía- ha muerto de
cáncer. Porque la realidad que se sigue ocultando es la
enorme dimensión de los hechos. Y es que hasta el
momento nadie ha investigado más que en esos cuatro
bloques pero se sabe que en el entorno inmediato hay más
muertos. Van contabilizados más de sesenta fallecidos y
algunos vecinos hablan de que posiblemente la cifra
llegue al centenar. Un auténtico escándalo.
Actitud bien distinta ha adoptado el madrileño
ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. En el último pleno se
decidió retirar 26 de las 27 antenas de telefonía
instaladas en el municipio, todas ellas de forma ilegal.
Curiosamente, el acuerdo se tomó con la abstención del
equipo de gobierno (POSE e IU) y el apoyo de la
oposición (PP, PADE y un concejal independiente). En
Majadahonda el PP gobierna y quiere mantener las antenas
mientras el PSOE e IU las combaten. Lo de siempre.
Estamos hartos de la hipocresía de nuestra clase
política.
EL FISCAL DE MEDIO AMBIENTE DE MADRID PIDE EL CIERRE DE
LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE MAJADAHONDA Y MÓSTOLES
ALREDEDOR DE LOS CUALES HA HABIDO DECENAS DE MUERTES
NÚMERO 81 / MARZO / 2006
En una decisión que viene a poner de manifiesto el
peligro real al que están sometidos decenas de miles de
españoles en todo el país y que puede marcar una línea
de actuación a nivel nacional la Fiscalía de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid ha decidido llevar a
los tribunales la situación de dos Centros de
Transformación que Iberdrola tiene instalados en
Majadahonda y Móstoles al considerar que pueden ser la
causa directa de las muertes de 45 personas por cáncer y
problemas cardiovasculares -además de la enfermedad de
otras 8 personas con cáncer y 9 con problemas cardiacos-
en el primer caso y de trece muertes por cáncer en el
segundo. Todas esas personas vivían a escasos metros de
los mencionados transformadores. La situación en el caso
de Majadahonda podría estar agravada por la existencia
también en las inmediaciones de una gran antena de
telefonía (vea el lector en nuestra web todo lo
publicado sobre este caso en el nº 75 de la revista).
El pasado 9 de febrero los juzgados de Instrucción
número 3 de Majadahonda y número 2 de Móstoles
admitieron a trámite las denuncias de la Fiscalía y
deberán decidir en las próximas semanas si procede o no
el cierre cautelar de las instalaciones tal y como
solicita el Fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio.
Fuentes de la Fiscalía señalaron a esta revista que en
los escritos de denuncia se ha querido hacer especial
hincapié en la situación irregular de los
transformadores más que en la polémica sobre los límites
legales de las radiaciones. Lo que se ha trasladado a
ambos juzgados y a la sociedad es la peligrosa situación
en la que se mantienen esos dos transformadores -como
otros cientos más en toda España- que funcionan sin los
permisos correspondientes.
En Majadahonda y Móstoles -denuncia la Fiscalía- ambos
transformadores han estado funcionando sin contar
siquiera con los adecuados permisos y con el
consiguiente riesgo para la salud de los vecinos que
viven o trabajan en su entorno. Hoy día, ante la
evidente incidencia en el organismo de los campos
electromagnéticos -algo asumido por la comunidad
científica-, existe ya una legislación mucho más
rigurosa para la puesta en marcha de los nuevos
transformadores que incluye blindajes especiales y
estudios de impacto ambiental. Normas que en opinión de
la Fiscalía deberían aplicarse también a los antiguos
transformadores ya que los riesgos para la salud están
suficientemente demostrados.
La situación de irregularidad de los transformadores
denunciados se ha mantenido durante décadas con el
beneplácito inexplicable y vergonzoso de los
ayuntamientos y resta argumentos ante la Justicia tanto
a las corporaciones municipales como a Iberdrola que se
han venido limitando a argumentar que las emisiones
están dentro de la legalidad vigente. La estrategia de
la Fiscalía -denunciar la situación irregular de los
centros en lugar de entrar a discutir sobre el peligro o
inocuidad de las radiaciones- aumenta pues las
posibilidades de que los transformadores sean cerrados
por los juzgados -de forma cautelar o definitiva- antes
de entrar en el fondo de la cuestión: el peligro de la
emisión de radiaciones a largo plazo incluso cuando se
cumple lo marcado por la legislación.
En Majadahonda tanto Iberdrola como el Ayuntamiento
-regido por el Partido Popular- han sostenido
públicamente de forma reiterada que todo estaba en orden
pero el 25 de septiembre -y sin que tuviera conocimiento
de ello el propio Ayuntamiento o al menos tal alegan-
una brigada de nueve trabajadores de la compañía
eléctrica se presentó a las nueve de la mañana ante el
transformador ¡en domingo! con un gran camión lleno de
material y procedió a hacer tal cantidad de cambios en
él que necesitaron ¡diez horas! para sus "pequeñas"
reparaciones. Tan pequeñas que la calle estuvo cortada
todo el día sin que el Ayuntamiento lo hubiera
autorizado y mientras la Policía Municipal -avisada por
los vecinos- se limitaba a darse por enterada. Multitud
de cables y otros elementos fueron sustituidos. Algunos
vecinos filmaron en video y fotografiaron lo ocurrido
adjuntando el relato de lo que pasó a la Fiscalía.
Pues bien, justo el pasado 9 de febrero -coincidiendo
con la entrada en los juzgados del escrito de la
Fiscalía- un nuevo incidente alarmó a la población de la
Gran Vía de Majadahonda y de la cercana calle San
Joaquín. Según los vecinos una sobrecarga en el
transformador provocó -además de la interrupción del
servicio- una emisión de monóxido de carbono que acabó
filtrándose a algunos comercios y obligó a solicitar la
intervención de los bomberos. Durante varias horas un
grupo de operarios estuvo de nuevo trabajando en las
instalaciones del transformador y en una zanja abierta
en el lugar de la avería.
A fecha de hoy las autoridades municipales de
Majadahonda siguen sin dar contestación a las
preocupaciones de los vecinos a pesar de que en el pleno
del pasado mes de agosto los dos grandes partidos -PP y
PSOE- acordaron respaldar las peticiones vecinales. No
han hecho absolutamente nada. Y, por supuesto, no
contestan a la petición de información sobre el número y
estado administrativo de los transformadores eléctricos
y antenas de telefonía de Majadahonda.
Bueno, sí, el Ayuntamiento ha solicitado ayuda a la
Comunidad de Madrid para efectuar un estudio
epidemiológico sobre el asunto alegando que no cuenta
con los fondos necesarios para ello. Y eso que se trata
de uno de los municipios considerados más ricos de
España. Petición a la que el Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, ha accedido
comprometiéndose públicamente a realizar los estudios
que solicite la Fiscalía. Agregando que también el
Gobierno debería asumir su responsabilidad en este
ámbito y realizar estudios a nivel nacional que sirvan
de marco comparativo. De momento, la Jefa del Área 6 de
Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha reunido ya con
los vecinos de Majadahonda para empezar a diseñar el
plan de actuación.
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