LA COOPERATIVA COBRA DINERO A SUS SOCIOS SIN TENER SUELO
IU Getafe lleva a la Comunidad el caso PSG para que evalúe si se ajusta a la legalidad
9 DE JULIO DE 2004
VANESSA CALLE |
vanessa@el-buzon.com GETAFE
IU Getafe ha comunicado a la Comunidad de Madrid cómo está actuando la cooperativa PSG -que está pidiendo 14.000 euros a sus socios para comprar suelo a pesar de que el sistema no les garantiza la adquisición final de parcelas- para que el Gobierno regional determine si es legal.
Y lo han hecho a través de cuatro preguntas que el pasado 5 de julio entregaron en el registro de la Asamblea de Madrid a través de su diputado, Eduardo Cuenca, y dirigidas al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, Mariano Zabía.
IU Getafe, en su escrito, pregunta al consejero si tiene intención de comprobar la compra de suelo por parte de PSG por si fuera aplicable la Ley sancionadora de la Comunidad de Madrid, además de saber si la consejería "tiene constancia de la existencia de avales que protegan las cantidades depositadas por los socios de PSG".
Con respecto a los desarrollos, IU ha preguntado si realmente desde la consejería se va a realizar un concurso público para la adjudicación de las viviendas o contempla otro tipo de fórmulas. La última de las preguntas hace referencia al consorcio que se ha anunciado crear entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Getafe, sobre el que pregunta si realmente se va a constituir y, en caso afirmativo, cuándo.
Obligación
El coordinador general de IU Getafe, Gregorio Gordo, ha manifestado con respecto a las preguntas sobre PSG, que "nuestra obligación es informar a la Comunidad de la forma tan "original" de la que está actuando y que sea ésta la que determine si se ajusta a la legalidad vigente".
Además, Gordo ha añadido que "nuestra intención es salvaguardar los intereses de los vecinos de Getafe, cuyos rendimientos económicos no les permite acceder a una vivienda de renta libre, por lo que hay que garantizarles el acceso a una vivienda protegida".
Y es que, para la coalición, el que un 80 por ciento de las viviendas previstas (10.000) sean protegidas sólo se consigue por medio de la expropiación y el concurso público.