Una verdadera vergüenza es que comiencen a arreglar todos los desperfectos de la construcción tirando de la comunidad.
Es inadmisible, pero es un negocio redondo: ni Ecovi y Uicesa se hacen cargo de sus errores ni los dueños tienen que poner un duro (al menos los que no van a vivir en los pisos, que son mayoría).
O sea, el precio competitivo de un alquiler protegido queda en nada. ¿El Ayuntamiento va a mirar para otro lado?