El Ayuntamiento ordena el desalojo del centro de la Asociación Vecinal Las Tablas, donde reparten alimento a las familias vulnerables
- La Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo argumenta que no están autorizados para distribuir comida en el centro
Madrid - 13 jun 2020 - 0:30 CEST
La Asociación Vecinal Las Tablas ha recibido este jueves una resolución de la Junta Municipal de Distrito Fuencarral-El Pardo en la que se le obliga por decreto a abandonar su sede, el centro “El Palomar”, en ocho días. Desde que comenzó la pandemia, este centro ha servido para repartir alimentos a 60 familias vulnerables de los barrios de Begoña, Fuencarral, Peñagrande y El Pilar. Cada diez días 30 voluntarios de la asociación se ha encargado de entregar una “cesta básica” a los vecinos que lo necesitaran: alimentos y productos para niños (pañales y leche en polvo) que han llegado mediante donaciones de otros madrileños.
No entendemos por qué el concejal tiene esa tendencia en ningunear el movimiento vecinal
La entrada a “El Palomar”, que cuenta con tres plantas y un huerto urbano, sigue repleta de cajas con alimentos perecederos para compartir. Hoy tienen otra recogida en las puertas de supermercados del barrio. No saben qué harán con todo lo almacenado ni dónde podrán seguir haciendo el reparto si se tienen que ir en ocho días. Para ganar tiempo e intentar encontrar una solución, la asociación presentará un recurso en el juzgado la semana que viene: “No nos queda otra alternativa. Eso nos puede dar un plazo para marcharnos o para llegar a una solución consensuada, que es lo queremos. No entendemos por qué el concejal [del distrito Fuencarral-El Pardo, José Luis Fernández Martínez> tiene esa tendencia en ningunear el movimiento vecinal”, cuenta Lorenzo Álvarez, presidente de la asociación desde su fundación en 2003, que asegura que el concejal rechazó la colaboración con la Red de Apoyo de Fuencarral para la crisis, a la que se adhirieron 12 asociaciones vecinales.
La administración alega que el colectivo no está autorizado ni para el reparto de alimento ni para las actividades que llevaba a cabo en el edificio antes de la crisis de la covid-19 (talleres sobre ecología, yoga, zumba, conferencias, reuniones de clubs deportivos del barrio). El acuerdo de cesión, como reproduce un documento de la Junta de 2014 al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece que “la entidad ciudadana puede desarrollar todas aquellas actividades adecuadas al interés público”. A este apartado se aferra la asociación, con 1400 socios, para justificar la variedad de actividades que ofrecen a los vecinos.
Sin embargo, la Junta argumenta que en el acuerdo también se recogía la condición de que en el lugar se debía desarrollar un programa de actividades medioambientales dirigidos especialmente a la juventud y la infancia.
El peligro de desalojo se cierne desde enero de 2020, cuando la Junta envió una carta a Álvarez en la que advertía de que el acuerdo de cesión caducaba el 31 de diciembre de este año y que debían ajustarse a las actividades acordadas. La asociación ya presentó alegaciones a dicho escrito, en las que argumenta que en el decreto de cesión de uso de 2013 se contemplaba que la asociación podía desarrollar en el edificio lo que considerara.