Trasteros ilegales

Tal como ha formulado su interrogante, se torna complicado comprender de qué se trata todo esto. Para que no haya malos entendidos y pueda obtener una respuesta apropiada, lo mejor sería que hablara con un letrado que revise bien los detalles y le dé su punto de vista.

Hay que matizar con cuidado, porque lo que estoy entendiendo es lo siguiente: aunque usted no pidió la obra ni se benefició directamente de la apertura de los trasteros, existe un argumento a favor de los vecinos. Si la modificación de las tuberías permite que ahora usted pueda abrir su trastero, aunque sea de forma diferida, algunos podrían considerar que hay un beneficio indirecto y reclamarle participación proporcional en ese coste.

Sin embargo, la cuestión sigue siendo legalmente delicada. Según la Ley de Propiedad Horizontal y el Código Civil, usted solo está obligado a contribuir a gastos aprobados por la comunidad y vinculados a elementos comunes, no a obras realizadas previamente sin acuerdo formal. La zona ambigua aparece con el beneficio diferido: un juez podría, en teoría, admitir una contribución proporcional si lo considera justo y equitativo, pero no hay obligación automática.

La forma segura de manejarlo es someterlo a acuerdo de comunidad: se decide si usted asume una parte del coste, cuánto sería razonable, y todo queda reflejado en acta. Fuera de ese acuerdo formal, cualquier reclamación carece de respaldo legal. Esto protege su posición y evita que un pago informal se convierta en precedente.

Si el ayuntamiento no da permiso ni deja legalizar los trasteros, estos no se consideran legales como propiedad privada. Intentar reclamarlos ante un juez podría acabar en su demolición, ya que estarían ocupando una zona común sin permiso.

Lo claro es que no tienes que pagar por obras que no se aprobaron ni hacerte cargo de gastos por trasteros ilegales. Lo que no está tan claro es si los acuerdos de palabra con los vecinos valen, ya que no te dan ningún derecho.

Hay una situación intermedia: la comunidad puede decidir que se asigne un trastero para uso interno entre los dueños, siempre que no se cambie la estructura del edificio ni se incumplan las normas urbanísticas. Esto protegería el trastero de vecinos que quieran cobrar por él o impedir su uso, siempre y cuando quede por escrito en el acta de la junta, según lo que dicen los artículos 396 y 396 bis del Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal.

Otra opción es pedir en la junta que se regularice la situación interna, o si la mayoría está de acuerdo, que se derriben los trasteros, dejando claro que no reconoces ninguna obligación de pago anterior. Cualquier otra acción que no siga este proceso formal podría resultar en la pérdida o demolición de los trasteros, incluso si el ayuntamiento no hace nada.