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Cifuentes estudia "empezar de cero" consensuando una nueva Ciudad de la Justicia con los otros partidos
PSOE-M llevará el tema de la Ciudad de la Justicia a la Comisión de Estudio sobre la deuda
El proyecto fallido del Campus de la Justicia costó 105 millones de euros
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, esperará a conocer el informe de la Abogacía de la Comunidad de Madrid para tomar una decisión sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia 'heredado' del anterior Gobierno regional, tras el cual decidirá "seguir adelante o empezar de cero buscando un proyecto consensuado entre todas las partes implicadas y con el apoyo del resto de las fuerzas políticas".
En una rueda de prensa tras reunirse el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, Cifuentes ha tratado otros temas de la actualidad política, entre los que se encuentra el Campus de la Justica. Así, ha reconocido que el Ejecutivo autonómico está teniendo "diferente proyectos" para gestionar tanto la Ciudad de la Justicia como el anterior, llamado Campus de la Justicia y que no llegó a realizarse por la crisis económica.
"En aquel se habían realizado inversiones y lo único viable que salió hacia delante es el Instituto Anatómico Forense, que está prácticamente concluido. El resto se tuvo que parar y es evidente que se provocó un cierto agujero económico. Desde mi Gobierno se está ultimando la liquidación de esa sociedad, un paso absolutamente imprescindible porque se consideró que estaba ya finiquitada pero estamos dando una cobertura legal para acabar definitivamente con esa sociedad y empezar de cero", ha esgrimido.
Respecto al proyecto de este mismo año de la Ciudad de la Justicia, impulsado por Ignacio González y Salvador Victoria, la presidenta autonómica ha recordado que hace un mes anunciaron su suspensión provisional ante la existencia de un procedimiento judicial previo. Un proyecto que tampoco cuenta con el visto bueno de Ciudadanos, el partido que con sus votos hizo presidenta a Cifuentes.
"En el próximo Consejo de Gobierno o en el siguiente se verán los informes jurídicos que ha elaborado la Abogacía de la Comunidad. Es un proyecto que no está adjudicado definitivamente pero nos coloca en una situación de tener que tomar dediciones, de seguir adelante o empezar de cero o buscar un proyecto consensuado entre todas las partes implicadas buscando el apoyo del resto de las fuerzas políticas", ha destacado.
En todo caso, según Cristina Cifuentes, lo que están haciendo es "cumplir los requerimientos pedidos por parte de los tribunales, dándoles toda la información y buscándola y clasificándola, liquidando la primera sociedad y acatando lo que nos diga el informe jurídico de la Comunidad de Madrid sobre la Ciudad de la Justicia".
Atención a inmigrantes irregulares
La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha explicado que quiere que sea el Consejo Inteterritorial de Sanidad que se reúne a principios de septiembre el que fije los criterios comunes para atender sanitariamente a inmigrantes irregulares en toda España o será el Ejecutivo regional el que los fije en la región. Cifuentes no ha querido entrar a opinar si fue ella la que se adelantó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al anunciar la recuperación de las prestaciones sanitarias completas a inmigrantes 'sin papeles' o viceversa porque cree que ese debate "no tiene sentido".
"El planteamiento que yo he hecho es el que planteó hace unos meses el ministro de Sanidad, que se iba a devolver determinadas prestaciones sanitarias a inmigrantes irregulares, unas prestaciones sanitarias que se le retiraron en un Real Decreto en 2012 como consecuencia de la crisis. Anuncié el otro día que en la Comunidad van a dar prestaciones a las personas, a quienes tenemos esa obligación moral de dar la atención sanitaria si lo necesitan", ha esgrimido.
Eso sí, la presidenta regional ha aclarado que no proporcionarán la tarjeta sanitaria a estas personas porque "podría contravenir determinados requerimientos de la Unión Europea, ya que podrían contraer determinadas obligaciones económicas en otros países europeos que no estamos en disposición de poder contraer; pero sí darles un documento con historias clínicas e ir más allá de una atención sanitaria de Urgencias y que puedan recibir también Atención Primaria y Especializada, que hasta ahora se da a mujeres embarazadas, a menores y también a algunas personas en determinadas situaciones como víctimas de trata o asilo".
Cifuentes cree, tras el anuncio en el mismo sentido hace unos días del presidente del Gobierno, que se debe tomar una decisión para que las prestaciones sanitarias proporcionadas sean las mismas en toda España. "El acuerdo entiendo que se debe de tomar en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que se va a reunir en la primera semana de septiembre y espero que ahí se decida entre todas las comunidad, y que se garantice la equidad, igualdad de prestaciones en todas las comunidades", ha dicho.
En ese sentido, la titular del Gobierno autonómico ha destacado que lo que pretende aplicar Madrid "no es contradictorio" con la política del Ejecutivo central, "sino que coincide con la propuesta que hizo hace un par de meses el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso".
Sin embargo, la Comunidad de Madrid no conoce todavía a cuantas personas podría beneficiar esta situación "porque además en gran medida a las personas que no tienen regularizada la situación ya se le está atendiendo 'de facto'".
"La discrepancia es que a las personas que no tienen tarjeta sanitaria se les emite factura, que en muchos casos es orientativa del coste que tiene la prestación. Pero es verdad que hay ciertas disfunciones y diferencias interpretativas en unos centros y municipios que en otros de ver cuál es la forma de actuar cuando acude al centro un inmigrante sin tarjeta", ha reconocido. Por ello, la presidenta autonómica quiere un criterio estatal "claro y uniforme" para evitar dichas disfunciones. Y, si no llega dichos criterios, el Consejo de Gobierno regional aprobará una instrucción en este sentido.
"Creo que es una cuestión moral. En una sociedad avanzada y desarrollada no se puede dejar de prestar determinados servicios a personas que lo necesitan. Eso es lo que tenemos que hacer y este gobierno lo va a hacer", ha concluido.